Sputnik. Ecuador espera que la Interpol expida una notificación de difusión roja para la detención del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y otros sentenciados a ocho años de cárcel por un caso de sobornos, informó este lunes el procurador general del Estado, Íñigo Salvador.

"Está hecho el pedido a la oficina local de la Interpol para que expida la orden de difusión roja y una vez que esas personas hayan sido aprehendidas se iniciarán los correspondientes procesos de extradición", dijo Salvador a los periodistas.

Los sentenciados estuvieron involucrados en la financiación ilegal de las campañas políticas del movimiento Alianza País, cuando era liderado por Correa, a través de la entrega de recursos por parte de empresarios privados, a cambio de adjudicaciones de contratos de obra pública.

Además de Correa, otro de los principales sentenciados en el caso es su vicepresidente, Jorge Glas.

En octubre pasado, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador pidió a Interpol la difusión roja contra el exmandatario y los otros condenados por el delito de cohecho dentro del caso conocido como sobornos 2012-2016.

Los primeros en la lista son Correa, quien reside en Bélgica desde hace tres años; el ex secretario de la Administración, Vinicio Alvarado, quien según fuentes locales estaría en Venezuela, y el ex secretario nacional del Agua, Walter Solís, que se encontraría en Estados Unidos.

En tanto, la exministra de Transporte y Obras Públicas María Duarte se encuentra refugiada en la Embajada de Argentina en Ecuador, considerada territorio de ese país.

Mientras que se desconoce el paradero de la exgobernadora de la provincia del Guayas (oeste), Viviana Bonilla y de Christian Viteri, ex legislador del movimiento oficialista Alianza País. A ellos se suman cuatro empresarios que están prófugos.

Tanto el exvicepresidente Glas como el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, se encuentran detenidos en una cárcel de la ciudad andina de Latacunga (centro).

En el caso sobornos 2012-2016 fueron sentenciadas 20 personas, entre funcionarios públicos y empresarios privados.