Para fortalecer el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará el próximo 21 de abril el Informe de efectividad ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el cual señala los avances que el país ha logrado en relación con el reporte de operaciones sospechosas, transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas, entre otras.
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, reiteró el llamado a los senadores de todas las fuerzas parlamentarias para que se apruebe la reforma –actualmente en la Comisión de Justicia– para poder cumplir con un mayor número de recomendaciones ante el GAFI.
En un video difundido por YouTube, Nieto Castillo destacó que “esta no es una reforma que creó una persona, no es una reforma de un gobierno, es una reforma que conviene al Estado mexicano.
“No es un tema partidista que tenga que ver con Morena, que tenga que ver con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene que ver con un estándar internacional que nos vemos obligados a cumplir, no solamente por el cumplimiento de la red global en la que estamos inmersos, sino también por la mejora que esto implica en la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos al tener mejores mecanismos de combate al lavado de dinero y de sus delitos precedentes.”
Anticipó que el próximo año, el 21 de abril, “tenemos que remitir el Informe de efectividad y eso nos lleva a reiterar a todas las autoridades del Estado mexicano, al sector privado tanto en sujetos obligados y con actividades vulnerables, como el sistema financiero, que deben entregar su información para rendir cuentas en el ámbito supranacional”.
Recordó que México forma parte del GAFI desde el año 2000 y desde entonces ha habido cuatro procesos de evaluación, el más reciente en noviembre de 2017, y cuyo informe final fue publicado en 2018.
Explicó que a partir de ahí México se encuentra en un proceso de seguimiento intensificado y es revisado de manera periódica por las instancias internacionales.
El GAFI es un organismo de carácter multinacional encargado de establecer las políticas internacionales en materia de combate al lavado de activos y del financiamiento al terrorismo, así como de la proliferación de armas de destrucción masiva.
En el informe se señaló que México tiene un sistema financiero sólido con mecanismos de supervisión adecuados en el sistema financiero, sin embargo, había una serie de deficiencias que incluían la supervisión en materia de sujetos obligados por actividades vulnerables.
Ante ello, se incluía la necesidad de que la UIF difundiera mayor información y, sobre todo, avanzara en la obtención de un mayor número de sentencias condenatorias y de decomiso de bienes e instrumentos del delito.
El 18 de diciembre se presentó el informe GAFI de 2020 para solicitar la recalificación de distintas recomendaciones.
El GAFI estableció 40 recomendaciones, de las cuales México cumple 24, pero hay 15 evaluadas como parcialmente cumplidas y una no cumplida, la número 23, que se refiere a medidas en las que se incluye la obligación de remisión de reportes, que hasta ahora no impone la ley respecto de los comerciantes de metales y piedras preciosas.
Piden al GAFI reclasificar siete recomendaciones
Nieto precisó que en este momento se ha solicitado la reclasificación de siete de esas 16 recomendaciones que se refieren a organizaciones sin fines de lucro; recomendación a la debida diligencia del cliente; personas expuestas políticamente; nuevas tecnologías; transferencias electrónicas; dependencia en terceros y controles internos y filiales y subsidiarias.
Por otro lado, se han presentado informes de cinco adicionales, porque ha surgido algún tipo de modificación de los criterios esenciales de este organismo de carácter multinacional sobre: cooperación y coordinación nacional; sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación; nuevas tecnologías; controles internos, filiales y subsidiarias, y revelación (tipping-off) y confidencialidad.
Adicionalmente, se ha planteado la posibilidad de demostrar avances en cinco recomendaciones respecto a las acciones que está haciendo el Estado mexicano.
Estos resultados se enfocan al reporte de operaciones sospechosas; debida diligencia del cliente; transparencia; beneficiario final de las personas jurídicas, y regulación y supervisión de las actividades profesionales no financieras designadas y susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos.
