El número de grandes contribuyentes con domicilio fiscal en la zona franca de la frontera norte –instalada por el gobierno federal en enero de 2019 con un extendido programa de estímulos fiscales– crece tres veces más que en el resto del país, de acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El programa –sobre el que la propia jefa del organismo, Raquel Buenrostro, señaló un foco de abuso por empresas que mueven su domicilio fiscal, mas no sus operaciones, para tributar menos– beneficia a 17 por ciento de los grandes contribuyentes de la región, los cuales pasaron de agrupar un padrón con 3 mil 925 registros en enero del año pasado, a 7 mil 776 en el más reciente octubre.

El incremento de 98.1 por ciento en el padrón de grandes contribuyentes en la zona franca donde aplica el Decreto de Estímulos Fiscales para la Región Frontera Norte, entre enero de 2019 a octubre de 2020, se compara con el crecimiento 34.2 por ciento reportado en el resto del país. El beneficio entre grandes contribuyentes contrasta con la tendencia en la base tributaria general; en los municipios fronterizos sólo 2.3 por ciento de personas físicas y morales se incluyó como beneficiario del decreto, y el padrón en esa región aumentó 9.2 por ciento en el mismo periodo de enero del año pasado a octubre de 2020, por debajo del 10.4 por ciento en el resto del país.

En una prórroga del programa, que por diseño tendría vigencia de dos años, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en noviembre pasado que la zona franca de la frontera norte estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.

Consiste en aplicar un impuesto al valor agregado (IVA) de 8 por ciento, la mitad que en el resto del país, y un impuesto sobre la renta (ISR) de 20 por ciento, por debajo del 30 por ciento general. Tiene vigencia en municipios de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que colindan con Estados Unidos y ahora se suma Chetumal, Quintana Roo, en la frontera sur.

Carlos Urzúa, primer secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno de López Obrador, aseguró que el boquete fiscal por dicho decreto ascendería a un máximo de 100 mil millones de pesos. El Presupuesto de Gastos Fiscales estimó una pérdida recaudatoria de 34 mil 105 millones de pesos en 2019 y de 74 mil 973 millones en 2020.

El boquete abierto por dicha iniciativa fue casi el doble de lo previsto el año pasado, al sumar 59 mil 827 millones de pesos. Según la Cuenta Pública 2019, por IVA se dejaron de recaudar 57 mil 114 millones de pesos, mientras el estímulo al ISR sumó 2 mil 713 millones de pesos.

Ahora, entre enero y septiembre de 2020, el IVA no cobrado por la aplicación del estímulo en la zona franca de la frontera norte fue de 51 mil 900 millones de pesos y el ISR ascendió a 2 mil 100 millones de pesos en ese mismo periodo, reportó el SAT. En suma, 54 mil millones de pesos.

En el marco de la recesión económica por efecto de la pandemia de Covid-19, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha insistido en eliminar exenciones fiscales por no beneficiar la redistribución de la renta. Los propios cálculos de Hacienda reportan que los costos fiscales benefician a la población de mayores ingresos y en su mayoría a hombres.

El gobierno federal estimó que al sumar exenciones, regímenes especiales, subsidios y diferimientos, entre 2019 y 2020, dejarían de ingresar al fisco un billón 833 mil 836 millones de pesos, casi 30 por ciento del gasto total a ejercer el próximo año.