La escasa regulación tendiente a impedir a bancos, instituciones financieras y empresas de servicios, continuar haciendo uso indiscriminado y divulgar datos personales e información crediticia de la población en general, causándole afectación a su privacidad y dignidad, produjo en la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
José Luis Elorza, legislador por Morena, expuso en su propuesta la naturaleza de los cambios que pretende sean aprobados próximamente: “El propósito fundamental es terminar con la violación a los derechos de la personalidad de millones de personas, como lo son el derecho a la imagen, el honor, la reputación, la vida privada, sin que exista sentencia de los tribunales previamente establecidos que los condene, y todo ello realizado por entes privados a partir de la divulgación de datos personales, como lo es el historial crediticio”.
Las prácticas que ponen en jaque la privacidad de la mayoría de los usuarios de los servicios financieros se mantienen en abierta contradicción entre lo dispuesto por la Constitución y diversos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
Ampliar el escudo
La iniciativa que se presenta propone derogar la fracción I del artículo 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, donde actualmente se dispone que están exceptuadas de la regulación “las sociedades de información crediticia en los supuestos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y demás disposiciones aplicables”.
Y, en segunda instancia, la proposición de reforma al artículo 23 de la citada ley exige reducir los tiempos en que los usuarios del sistema financiero estén inscritos dentro de las bases de datos de las sociedades de información crediticia agrupadas en el coloquialmente conocido como buró de crédito.
Así, “deberán eliminar de sus bases de datos a los usuarios de la banca, entidades financieras, empresas comerciales o Sofomes en un plazo máximo de tres días hábiles, una vez que les haya sido reportado el cumplimiento de la obligación del pago, en lugar de retener y divulgar estos datos personales por los 72 meses siguientes –es decir, seis años– como actualmente dispone la ley, lo que en los hechos violenta derechos humanos de la personalidad de millones de personas, como lo son el derecho a la imagen, el honor, la reputación, la vida privada, por la divulgación de datos personales, sin que exista una sentencia por los tribunales previamente establecidos que los condene al respecto”.
En el cuerpo de la iniciativa se aclara que no pretende proteger a los morosos ni a quienes incumplen con sus obligaciones de pago, “está diseñada para proteger a quienes cumplen con el pago respectivo, pero están incluidos en las bases de datos de las sociedad de información crediticia hasta por seis años y, por tanto, están sujetos a que su información personal y privada sea divulgada entre las entidades financieras, comercios y Sofomes”.
