Agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) arrestaron al ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia estatal (TSJ), Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, por presunto enriquecimiento ilícito derivado de sus vínculos con el ex gobernador César Duarte Jáquez (2010-2016).
La noche del viernes, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, policías ministeriales dieron cumplimiento a la orden de aprehensión contra Ramírez Alvídrez, librada por un juez de control del distrito Morelos del estado de Chihuahua, en el tercer intento que emprende la fiscalía estatal desde diciembre de 2017 para iniciarle proceso penal.
Colaboró en el gobierno de César Duarte
La FGE señaló que Jorge Abraham N, “aumentó de forma injustificada su patrimonio en más de 10 millones de pesos por depósitos en cuentas bancarias, pagos a créditos en efectivo y adquisiciones de casas, lotes y vehículos, los cuales fueron notoriamente superiores a los ingresos comprobables lícitos que tenía” de 2010 a 2018, y mientras fue funcionario en la administración de César Duarte como diputado local y magistrado.
El sábado, Ramírez Alvídrez fue trasladado a Chihuahua e ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso) número uno del municipio de Aquiles Serdán, para ser puesto a disposición del juez de control en audiencia de formulación de cargos.
En diciembre de 2017 el Consejo de la Judicatura local suspendió al magistrado referido, porque la FGE lo señaló como presunto responsable de un desfalco por 14.2 millones de pesos, pues compró a sobreprecio programas y equipo informático para el TSJ, presunto delito cometido por instrucción del entonces gobernador César Duarte. Dos meses después, un tribunal colegiado canceló la suspensión que ordenó la Judicatura, y Jorge Abraham Ramírez fue restituido y mantuvo el fuero.
En enero de 2020 la Fiscalía estatal intentó por segunda vez procesar al togado y pidió su desafuero al Congreso local, acusándolo de enriquecimiento ilícito.
El pasado 27 de febrero la legislatura estatal aprobó el desafuero y destituyó a Ramírez Alvídrez de la primera sala penal del TSJ, pero el magistrado obtuvo un amparo en marzo y fue restituido.
Ramírez Alvídrez promovió otros amparos contra su desafuero y los cargos que le formuló la fiscalía que están en litigio; sin embargo, según la FGE, el magistrado dejó de acudir a sus labores en el TSJ desde hace tres meses y permanecía prófugo.
A inicios de 2020, “el Congreso del estado determinó el desafuero del entonces magistrado penal a fin de que compareciera ante los tribunales por imputaciones de enriquecimiento ilícito, sin embargo, desde meses atrás permanecía sustraído de la acción de la justicia”, detalló la FGE.