Desde hace décadas se ha tenido el reto de garantizar efectivamente el derecho a un empleo digno y la plena vigencia de los derechos humanos laborales en México. Un asunto que a varias generaciones, dada la falta de condiciones dignas de trabajo, más presentes y aceleradas en las décadas recientes, se le ha convertido en un verdadero flagelo. Debido a ello, en meses también recientes se ha dado en el país una discusión sobre la eliminación de la subcontratación laboral. Situación que se hace oportuna para avanzar en la garantía de los derechos humanos laborales.
Se entiende que de ahí surge la propuesta de reformas legislativas que anunció el pasado 12 de noviembre el Presidente de la República, las cuales prohíben la subcontratación laboral. Tal parece que este anuncio se encamina hacía el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos laborales, en particular en lo que se refiere al derecho a un empleo suficiente y estable.
Retomo varios de los argumentos que amablemente me ha hecho llegar el especialista Carlos Rodríguez Rivera, a quien conozco desde hace algunos años y es alguien reconocido y comprometido con los derechos laborales y el derecho a un trabajo digno, para quien además estas acciones del Ejecutivo federal, enmarcadas en el debate sobre el outsourcing, se apegan a las recomendaciones que desde hace décadas han hecho mecanismos internacionales de protección de derechos de Naciones Unidas, incluso mucho antes de lo establecido sobre la materia en el tratado comercial T-MEC, que hace poco entró en vigencia. Coincidimos en que son principalmente exigencias de los trabajadores por mejorar en México sus condiciones laborales y el ejercicio de sus derechos; exigencias que parece ser que por fin encuentran eco en estos tiempos.
Es importante que el proceso ahora iniciado permita a todos los involucrados reconocer seriamente el incremento de personas contratadas bajo esta modalidad, pues de acuerdo con Carlos Rodríguez, las contratadas en dicho esquema pasaron de 3.6 millones a 4.6 millones entre 2014 y 2019; es decir, un aumento de un millón de trabajadores. El mayor incremento se dio en el caso de las mujeres (39 por ciento). De nueva cuenta, un crecimiento anual aproximado de 200 mil trabajadores subcontratados.
Vale mencionar que este tipo de contratación creció, y que, sin embargo, no representó para los trabajadores una verdadera oportunidad de ganarse la vida. Más aún, los seis sexenios anteriores de experimentación neoliberal dejaron una pesada herencia de rezago en materia de empleo digno. Al reconocerse esto, la Cuarta Transformación (4T) debía ocuparse de tal tragedia.
Ahora bien, el pasado 9 de diciembre conocimos en este contexto acerca de la firma de un acuerdo entre el Presidente de la República y representantes del sector empresarial, por el cual se detenía este año la iniciativa que se presentaría al Congreso, cuando se había perfilado incluso un periodo extraordinario en el Legislativo, especialmente para este asunto. Dicho acuerdo generó que este importante debate, que debe pasar por las cámaras, se recorriera hasta febrero. Aunque estaremos atentos para conocer que en ese mes se inicie dicha discusión legislativa, llama la atención que en un diálogo de esta dimensión, entre el Poder Ejecutivo y el sector empresarial, se haya desaprovechado la oportunidad de avanzar más efectiva y rápidamente en dicha reforma.
A decir de los especialistas, la 4T contaba con todos lo elementos para no aplazar más el asunto. Sin embargo, y dados los argumentos del sector empresarial, en aras de un determinado diálogo, el Ejecutivo cedió en retrasar el trascendente paso que debía dar. Paradójicamente, se aceleran iniciativas contrarias a derechos humanos, como la que ahora se pretende hacer en materia de la Fiscalía General de la República, y se aplazan otras urgentes por concretar, como esta en materia del derecho al trabajo y de los derechos laborales. Sobre esta última, sin embargo, aunque se haya postergado hasta febrero, es oportuno recordar, como bien lo comenta Carlos Rodríguez, que hacer esta reforma legislativa a favor de los trabajadores forma parte de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos.
Y como bien lo explica, entre ellas su obligación genérica sobre el derecho a trabajar, que incluye su obligación de respetar, proteger y promover el derecho de cada persona de acceder al trabajo para ganarse la vida, y debe garantizar que este trabajo pueda escogerse o aceptarse libremente. Los estados deben evitar que esta oportunidad sea aniquilada por terceros y brindar a cada individuo que carezca de dicha oportunidad, la de ganarse la vida. De nuevo, estamos frente a momentos definitorios. Esperamos que la 4T dé certeza a las y los trabajadores acerca de que esta propuesta del Ejecutivo llegue a buen puerto.
