El ex alcalde panista de Chínipas, Chihuahua, Hugo Amed Schultz Alcázar, acusado de auxiliar en el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada, fue presentado ante un juez de control la tarde del viernes en los tribunales del Centro de Justicia Penal Federal en la capital del estado.

Custodiado por la Guardia Nacional, el ex edil arribó a las instalaciones a las 15 horas. En videoconferencia y sin presencia de público, la audiencia de imputación comenzó con dos horas de retraso, informaron las asesoras jurídicas de la familia Breach Velducea.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) formuló cargos contra Schultz Alcázar por su presunta colaboración en la planeación y ejecución del asesinato de Miroslava Breach, en calidad de auxiliar del autor intelectual y de los autores materiales del delito.

Según la declaración del testigo protegido Apolo en el juicio oral contra Juan Carlos Moreno Ochoa El Larry –único sentenciado por el homicidio y quien recibió pena de 50 años de cárcel en calidad de coautor material–, Hugo Amed Schultz tuvo vínculos con Crispín Salazar Zamorano, líder del grupo delictivo Los Salazar y quien es señalado por la Feadle como autor intelectual del homicidio.

Otro testigo protegido declaró que Wilberth Jaciel Vega Villa, coautor material y actualmente prófugo, “trabajaba junto con El Larry para el alcalde de Chínipas”.

Además, el ex edil panista entregó a “Los Salazar la grabación de una llamada telefónica en la que Alfredo Piñera, vocero del PAN, hostiga a Miroslava Breach para que acepte la responsabilidad por el reportaje “Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua”, publicado en La Jornada el 4 de marzo de 2016.

Hasta el cierre de esta edición, la audiencia de imputación continuaba, a espera de que el juez de control acepte los cargos que formuló la Feadle y dicte las medidas cautelares contra de Hugo Amed Schultz Alcaraz, quien fue detenido el jueves por elementos de la Feadle. En ese contexto, el gobernador Javier Corral aceptó que los cargos contra el ex presidente municapal de Chínipas “se basan en nuevos elementos” y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) no investigó a la delincuencia organizada ni las amenazas de políticos panistas.

En entrevista pública, Corral Jurado justificó que la FGE no tuvo elementos para procesar a Hugo Schultz y no investigó a la delincuencia organizada en el caso del homicidio de Miroslava Breach, y judicializó sólo tres órdenes de aprehensión. Una contra Ramón Andrés Zavala Corral, quien disparó contra la periodista y fue localizado muerto en Sonora el 19 de diciembre de 2017, otra contra Wilberth Jaciel Vega Villa, coautor material y actualmente prófugo, y Juan Carlos Moreno El Larry, a quien el Ministerio Público señaló como el único autor intelectual.

“La Fiscalía del estado realizó una investigación hasta principios de 2018 y presentó la indagatoria ante jueces de control de Chihuahua; en 2017 judicializamos la investigación y derivado de ésta se consiguieron tres órdenes de aprehensión”, respondió el mandatario para negar que protegió al ex munícipe.

“Ahora se ha librado una orden en contra de esta persona (Hugo Schultz), suponemos que dos años y ocho meses después se han encontrado o tienen elementos que permitan hacer esa imputación ante un juez, que será al final de cuentas el que indique la situación jurídica del detenido. Nosotros nunca hemos protegido a nadie, rechazo categóricamente eso, hicimos una investigación que constituye un modelo referencial en el país para la persecución de delitos en contra de periodistas, y la investigación de Chihuahua fue base de una sentencia de más de 50 años”, insistió.

A la pregunta de si teme ser señalado, pues desatendió las amenazas y hostigamiento que Miroslava Breach sufrió de parte de políticos panistas, Javier Corral dijo que “todas son especulaciones y señalamientos de la politiquería que siempre circunda estos temas, no tenemos responsabilidad directa; hay mucha irresponsabilidad en el manejo del caso Miroslava Breach”.