Si quien ocupe la Secretaría de Educación Pública no puede o no ve la necesidad de aprovechar el momento para dar un golpe de timón –como ocurrió con Cárdenas en la década de los 30– la reforma educativa de la 4T se quedará en lo que han marcado estos dos años: la aplicación de un proyecto educativo de “neoliberalismo fino”, de alianzas con cúpulas empresariales e institucionales y algunas concesiones elementales para el resto.
Se habrán podado las expresiones más brutales de la reforma de Peña Nieto, pero con piezas como la aún pendiente Ley General de Educación Superior (LGES), se hará a un lado a las comunidades, maestros y estudiantes y se favorecerá aún más a las cúpulas privadas y burocracias autoritarias-institucionales.
Hasta en el caso del derecho a la educación, porque éste se proclama, pero luego se le rodea de restricciones que dificultan y hasta niegan su ejercicio. Esa ley mantiene el requisito de un examen de selección, que con su sólo planteamiento, contradice lo básico de un derecho universal: que sea para todos. Un muestreo reciente reveló hasta dónde han avanzado las restricciones. Hay instituciones que aplican hasta cuatro exámenes (diagnóstico, sicométrico, admisión e inglés), además de un cuestionario socioeconómico.
Más recatadas instituciones públicas hablan de aplicar una “batería de exámenes” y otras que combinan el resultado del examen con el promedio de bachillerato. mismo que también es un requisito. Violentando la normatividad oficial, es común que se prohíba que solicite admisión quien tenga un promedio de bachillerato de 6.5, 6.9 o incluso de 8.5. Además, en algún caso, el promedio que se exige no es fijo, depende de “la Media Global del subsistema de Bachillerato” en que se graduó.
En otro caso de plantel público, además de pasar por una entrevista, el aspirante debe comprobar que en el bachillerato tuvo al menos 90 por ciento de asistencias y que jamás presentó un examen extraordinario. Y las becas se entregan sólo a quienes lleguen con 9 de promedio.
Por otro lado, el hecho de que las instituciones puedan discrecionalmente establecer requisitos, abre la puerta a que se establezca un perfil deseable del aspirante en lo ideológico o político. De hecho, en la muestra apareció al menos una institución privada de renombre que verificaba que el aspirante tuviera una concepción de su papel en la sociedad (de inspiración religiosa) coincidente con el institucional.
En otra, aparecían continuas referencias a los valores empresariales y se establecían limitaciones para el uso de las redes sociales. Se piden también cartas de recomendación y no necesariamente circunscritas al desempeño académico del estudiante.
Hay instituciones directamente ligadas a grupos empresariales que, como parte de su proceso de diversificación corporativa, incluyen una universidad de acceso restringido. Este punto se vuelve todavía más importante si se conecta con otro aspecto que salió a la luz en privadas: que en algunas los requisitos no son públicos. Se debe solicitar una cita donde, evidentemente y más allá de los aspectos vocacionales o de trayectoria escolar, el entrevistador puede indagar sobre aspectos como los arriba señalados o temas relacionados con sexualidad y antecedentes político-familiares.
El panorama para el derecho a la educación se complica aún más porque la discrecionalidad en el ingreso incluye los montos a cobrar (las colegiaturas, incluso en las públicas pueden ser de varios miles de pesos mensuales). El costo del proceso de admisión en una institución pública puede llegar a ser hasta 30 por ciento más alto que en una de las más renombradas y costosas instituciones.
Y, además, en privadas y públicas aparece una gran variedad de cobros: credencialización, bono deportivo, expediente médico, aportación al fondo de becas, matrícula. Frente a esta tupida maleza, las y los jóvenes en realidad sólo tendrán derecho a intentar ejercer el derecho a la educación. Y todo esto tiene que ver con la SEP, pues la actual ha impulsado denodadamente que se mantenga la redacción que pide que, además del certificado de bachillerato, quien aspira “cumpla con los requisitos que establezcan las instituciones de educación superior” (artículo 4). Requisitos como los arriba descritos y los que vengan, sin límite o acotamiento alguno. ¿Asumirá la nueva SEP este lineamiento o se deslindará de su antecesor y se pronunciará de palabra y en los hechos en favor de las y los jóvenes quienes durante más de un siglo han visto negado o severamente condicionado su derecho a la educación superior? ¿Se seguirá privilegiando (LGES, artículo 52) la coconducción con los privados a expensas de la subordi-nación y exclusión de maestros y estudiantes? Y no es un dilema sólo personal de quien ocupe el puesto, es de fondo, el dilema de todo el proyecto educativo. Y el silencio también habla.
