Entre noviembre de 2016 y enero de 2017 muchos predijeron el advenimiento de una era catastrófica para México. El inicio de la presidencia de Donald Trump, un racista antimexicano, un político temperamental, imprevisible y atrabiliario, un orador violento y agresivo, habría de ser necesariamente desastrosa para nuestro país. El comercio bilateral llegaría a su fin, la Casa Blanca obligaría a las empresas estadunidenses establecidas al sur del Río Bravo a regresar a su nación para crear empleos allá y se construiría el muro fronterizo prometido por Trump durante su campaña, pagado, para colmo, por los propios mexicanos; a fin de cuentas, el presidente entrante tenía a la mano abundantes instrumentos para llevar a cabo una extorsión en gran escala en contra de su vecino del sur.
Nada de eso ocurrió. Por exigencia de Trump, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue renegociado con sobresaltos y tensiones, sí, pero de manera exitosa y en algunos capítulos, como el laboral, positiva para nuestro país. Peña Nieto tuvo la sensatez de incluir en el equipo negociador mexicano al equipo del entonces presidente electo, éste se plantó en un sólo punto irrenunciable –el de no incluir el sector energético en el instrumento trilateral– y la contraparte estadunidense cedió por primera vez ante una línea roja mexicana. Al final del Peñato no se había materializado ninguna de las amenazas procedentes de Washington, y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició su sexenio con una legitimidad incuestionable y un respaldo social ampliamente mayoritario que le permitieron negociar con Washington en pie de igualdad.
En el tiempo que va desde la llegada de AMLO a Palacio Nacional, el único pico de alta tensión en la relación bilateral ocurrió entre mayo y junio de 2019 por la amenaza de Trump de imponer un arancel generalizado de 5 por ciento a las exportaciones mexicanas si nuestro gobierno mantenía su política inicial de ruta abierta a la migración. De inmediato se iniciaron negociaciones y la parte mexicana cerró su territorio al tránsito hacia Estados Unidos –no así a los inmigrantes– y la estadunidense retiró la amenaza.
El logro más importante del gobierno lopezobradorista ante Washington ha sido una drástica disminución de las acciones injerencistas de Estados Unidos en los asuntos internos de México y mantener a raya la belicosidad de Trump.
Hay que recordar que, con el pretexto de proteger a los mexicanos que viven y trabajan en territorio estadunidense, los gobernantes mexicanos habían venido desarrollando una política intervencionista en Estados Unidos por medio de un cabildeo orientado a modificar las leyes migratorias de la nación vecina. El actual gobierno introdujo un drástico viraje en el tratamiento del asunto: suspendió ese cabildeo y orientó sus acciones a combatir las causas de la emigración, en la lógica de que la mejor forma de proteger a los ciudadanos mexicanos es no ponerlos en la necesidad de abandonar sus lugares de origen. A lo que puede verse, la Casa Blanca entendió el cambio, lo aceptó y actuó en consecuencia.
Hoy, los agoreros del desastre vuelven a las andadas, argumentando que López Obrador causó una grave ofensa a Joe Biden al no apresurarse a felicitarlo por su triunfo en las elecciones de noviembre. Y cuando el mandatario mexicano envió un mensaje de felicitación una vez que el candidato demócrata pudo considerarse oficialmente presidente electo, arguyen que la carta fue redactada con demasiada frialdad y hasta en un tono inconveniente. En consecuencia, Biden estará tramando alguna suerte de venganza en contra de México y de su Presidente. Para colmo, afirman, el Congreso de la Unión modificó la Ley de Seguridad Nacional para regular la presencia y las acciones de los agentes policiales extranjeros en nuestro territorio, lo cual afecta principalmente a los empleados de organizaciones como DEA, FBI, CIA y ATF y demás entidades policiales y de seguridad del país vecino. Quienes criticaron acremente el viaje de López Obrador a Washington para dar el banderazo a la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial como un gesto de sumisión, hoy se escandalizan porque un gobierno soberano decide someter al imperio de sus leyes a los policías extranjeros.
No habrá tal desastre tras la asunción de Biden. El político demócrata no es tan pueril como para ofenderse por la actitud formalista de México en el asunto de la felicitación, tendrá claro que la fiscalización de agentes foráneos es una atribución regular de todo Estado, y además no va a tener mucho tiempo para hacerle maldades a México: tendrá que dedicar buena parte de su presidencia, o toda ella, a remediar de alguna manera la catástrofe institucional, social y política que Donald Trump deja en Estados Unidos.
Lo que algunos aún no alcanzan a entender es que en los últimos dos años la relación bilateral ha experimentado cambios significativos, que seguirá siendo una relación conflictiva por naturaleza, pero que México no tiene por qué mantener actitudes sumisas ante su vecino del norte. La soberanía nacional es una práctica de gobierno. Lo que faltó en las décadas anteriores fue la determinación de ejercerla.
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