Como cada 10 de diciembre, se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. En esta ocasión el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, presentó su informe de actividades, así como el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024.
La herencia más dolorosa que recibió el gobierno es la profunda crisis de derechos humanos que se vive en el país. Los efectos de esta crisis se expresan en dos vertientes: por un lado, la pobreza generalizada y las extensas desigualdades sociales, producto de las políticas neoliberales y, por otro, la creciente inseguridad y violencia que han provocado el desmedido aumento de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.
La política gubernamental ha colocado en el centro de sus prioridades la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, ha impulsado acciones que abren paso a un nuevo modelo institucional para crear procesos de justicia restaurativa, a la par de que se responde institucionalmente a las obligaciones en materia de derechos humanos. Se han constituido modalidades y mecanismos extraordinarios de acción del Estado, que buscan establecer procesos de justicia transicional para la construcción de paz en nuestro país, en diálogo con las víctimas y organizaciones para avanzar en la investigación y esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos. La publicación del Programa Nacional de Derechos Humanos es el instrumento rector de esta política para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
Para atender éstos en tiempos de la emergencia sanitaria por el Covid-19 la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración acordó con la Secretaría de Salud un conjunto de acciones específicas.
Como servicios esenciales se instauraron medidas extraordinarias para salvaguardar y garantizar los derechos humanos, enfocadas en no cejar en la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad: personas desplazadas y migrantes, gente con factores de riesgo y grupos poblacionales con mayor riesgo de ser discriminados, así como la búsqueda inmediata de personas, atención a víctimas, la atención a solicitudes de refugio, el derecho a la identidad y los procedimientos de actas de nacimiento y defunción. Se elaboró una Guía en Derechos Humanos para que las medidas sanitarias del Covid-19 se aplicaran con estricto respeto a los derechos humanos: que no fueran lesivas para la población, que fueran proporcionales y tuvieran temporalidad definida y su aplicación no fuera discriminatoria, ni discrecional. Ésta se hizo llegar a autoridades federales, gobernadores, presidentes municipales y organismos internacionales. Paralelamente se realizó un seguimiento de las acciones estatales y municipales encaminadas a atender la emergencia sanitaria, se detectaron cierres de fronteras, caminos y carreteras, toques de queda, retenes y otras medidas restrictivas al libre tránsito, castigos físicos y agresiones a personal de salud. Se registraron, por lo menos, 428 medidas que implican restricciones de derechos llevadas a cabo por estados y municipios, que consisten en 74 medidas de reducción de movilidad, 74 filtros sanitarios, 66 mandatos que obligan al uso de cubrebocas, 54 toques de queda, 47 restricciones de acceso, 29 restricciones de movilidad y 20 cierres de acceso. Al respecto, se realizaron recomendaciones a las entidades que presentaron medidas que eran potencialmente violatorias de los derechos y se mantuvo comunicación con instancias de derechos humanos. Con la Conavim se realizaron campañas en redes sociales para prevenir y atender las violencias contra las mujeres y niñas, se difundieron servicios de atención a los Centros de Justicia para las Mujeres; además, se difundieron mensajes de sensibilización sobre los hombres y el trabajo de cuidados, la corresponsabilidad familiar, la crianza positiva, el rechazo de violencia hacia el personal médico, trabajadoras del hogar y de la diversidad sexual. La campaña “No Estás Sola” para hablar de la violencia familiar y la atención en 1991. El Conapo difundió la campaña #YoExijoRespeto, dirigida a eliminar la maternidad forzada y el abuso sexual de niñas en el ámbito familiar y comunitario, y #YoDecido, para prevenir el embarazo de niñas y adolescentes. el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) atiendió y generó insumos para prevenir la deserción escolar, violencia infantil, trabajo de menores, registro de nacimientos, pobreza infantil y carencia alimentaria.
Desde las atribuciones de cada quien, todas las instituciones de gobierno estamos colocando nuestra experiencia, recursos humanos, tiempo y materiales para contribuir a enfrentar de mejor forma la emergencia sanitaria, porque el derecho a la vida y a la salud son prioridades, hoy y siempre.
*Secretaria general del Conapo
Twitter: @Gabrielarodr108
