El aumento de 15 por ciento al salario mínimo aprobado para el próximo año beneficiará a 4.5 millones de trabajadores en el país que ganan por debajo de ese umbral, indicó ayer Luis Felipe Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

Luego de que durante la votación en el órgano tripartito (integrado por los sectores obrero, patronal y gubernamental) los representantes de cámaras empresariales votaron contra el ajuste con el argumento de que ocasionará miles de despidos y el quiebre de pequeñas y medianas empresas, tanto Munguía como especialistas y agrupaciones civiles contradijeron la advertencia del sector privado.

Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza –integrada por 60 organizaciones de la sociedad civil– explicó que para negociaciones contractuales no se toma como base el 15 por ciento, sino el 6, que fue el incremento real sin compensación o recuperación, por lo que no impactará en la revisión de contratos colectivos.

Alberto Ramírez, especialista en justicia laboral de la Universidad Obrera de México, expuso que el incremento permite mejorar la capacidad de compra, lo que fomenta la economía, lejos de generar una crisis laboral.

“El salario mínimo que aún tenemos lleva a la miseria; esa es una realidad para millones de obreros, obreras, (gente) del campo. En la medida que los trabajadores tienen mayor poder adquisitivo, consumen más productos y servicios. Lo contrario es cuando el salario es bajo, por no decir paupérrimo, porque también hay que mencionar que a escala mundial somos una vergüenza en salario mínimo”, explicó Ramírez.

En redes sociales, el presidente de la Conasami indicó que el nuevo salario mínimo para 2021, de 141.70 pesos para casi todo el país, beneficiará a 4.05 millones de trabajadores que ganan menos que esa cantidad, y el de 213.39 pesos –para la zona libre de la frontera norte– beneficiará a 510 mil.

El costo laboral promedio del ajuste que tendrán que hacer las empresas representa 0.41 por ciento de lo que ya destinan para ello, subrayó. Agregó que sería “poco probable” que 700 mil empresas quebraran por ello, como alertó el sector privado.

José Luis Carazo, coordinador y vocero del sector obrero ante la Conasami, defendió el aumento como justo. “En el país hay una macroeconomía boyante, pero también tenemos una macroeconomía lacerante. Entendemos que este año ha sido atípico, pero también sabemos que cuando no hay un efecto tequila, hay un error de diciembre o influenza, (pero) nunca hay un momento oportuno para un salario digno”, agregó.

De acuerdo con las resoluciones del consejo de representantes de la Conasami, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el sector patronal ha votado en contra de los incrementos en tres ocasiones.

En 2001 justificó que “una inflación baja y estable permite que los salarios reales se incrementen de manera sustancial y continua”, mientras “incrementos en los salarios nominales por encima de la inflación esperada” generan “presiones inflacionarias que necesariamente conducen a la caída de los salarios reales y del empleo”. Argumentos similares se repitieron en 2002 y 2012.