Interjet confirmó que cancela todos sus vuelos hasta el 31 de diciembre, luego de que trabajadores de la aerolínea circularon información en la que se les notificaba el cese de operaciones hasta esa fecha.
Ahogada en deudas con el gobierno, con proveedores y con sus trabajadores, la empresa acumula una semana sin volar y así se mantendrá en lo que resta del año.
Pese a que cambió de dirección, al dejar de tener voto en su administración la familia Alemán y tomar la empresa Alejandro del Valle, la falta de liquidez y equipo no han permitido que regrese a volar.
Las primeras interrupciones del servicio se dieron el primero y 2 de noviembre; se volvieron a registrar entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre y ahora comenzaron desde el 11 de diciembre con plazos que se siguen extendiendo.
Especialistas explicaron que diversas autoridades han sido omisas respecto a Interjet. Ente ellas la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que se supone revisa el aspecto operacional; la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), al permitir que se sigan vendiendo boletos sin capacidad para cubrir los vuelos, y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), que ha dejado crecer el conflicto laboral.
Pablo Casas Lías, especialista en derecho aeronáutico, explicó que la condición de la aerolínea se debe en gran parte a que AFAC se “hizo de la vista gorda” con la concesión entregada a ABC Aerolíneas, conocida comercialmente como Interjet, en vez de hacer suspensiones técnicas previas para obligar al cumplimiento financiero.
Lo mismo dijo sobre la Profeco, que en vez de clausurar la actividad comercial, sólo hizo una alerta a los consumidores, pero “ha permitido que con dolo Interjet venda boletos, lo que se debería considerar un fraude a sabiendas de que no tenía capacidad para responder a la demanda ni para pagar el boletaje”.
Fernando Gómez, especialista en aviación, consideró que otro de las grandes omisiones en el caso de Internet está en la STPS, dado que han sido reiterados los señalamientos y protestas de personal dados los impagos de sueldo sin que hasta el momento se haya intervenido para garantizar el ingreso de casi 5 mil familias.
En el tema operacional, Casas Lías explicó que al ser el transporte aéreo un servicio público que corresponde al Estado, y que turna a particulares, cuando una concesionaria comienza a reportar incapacidad financiera, la autoridad debe intervenir porque la falta de recursos resta la capacidad de mantenimiento, de refacciones y de adiestramiento de los operadores. “En automático es una empresa aeronáuticamente insegura”, detalló el abogado.
Gómez coincidió en que en una concesión aeronáutica se debe ponderar la regulación en materia de seguridad y en una empresa diezmada financieramente se pone en riesgo los recursos de mantenimiento, dado que las aeronaves necesitan revisiones constantes.
Casas Elías aseguró que entre las obligaciones y facultades de la AFAC, bajo el sector regulado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se encuentra suspender la concesión hasta que una empresa recupere capacidad financiera sin tener que ir a concurso mercantil y una vez que se vuelva a recapitalizar pueda regresa a volar.
Subrayó que el gobierno “ha sido realmente omiso y exhibe un desdén y desprecio hacia la regulación aérea, hacia los organismos internacionales, lo que impacta en que se degrade la seguridad aérea”. No se remite a un caso, dice. Aeroméxico lleva un proceso de restructuración financiera bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, sin que ninguna autoridad mexicana se haya pronunciado. Al tiempo que se ha reducido presupuesto a la AFAC, que implica menos inspectores y verificadores.
Si bien Interjet es una empresa privada, Gómez consideró que la autoridad debe intervenir “a modo de que los adeudos no se incrementen exponencialmente y no repercuta en un daño al erario”.
En su opinión, una requisa no es la ruta más indicada. Interjet debe al gobierno desde 2013 y su situación financiera no es consecuencia de la pandemia, el desgaste es público desde 2017, lo que la ha llevado a no tener activos.
De 84 aeronaves con las que operaba a principios de año, ahora cuenta con tres. “No hay capital, no hay activos, ¿qué va a requisar? (el gobierno)”.
Explicó que los slots al final son del Estado y la requisa sólo se da en caso de infraestructura y activos de utilidad pública. “En el caso de una aerolínea como ésta, no hay activos que se puedan requisar, si no hay aeronaves con las que cubrir, no le veo sentido”, agregó.
Al cierre de esta edición, la SCT no se había pronunciado sobre la situación de la empresa.
