El 17 de diciembre de 2018, la 73 Asamblea General de Naciones Unidas emitió la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. Cuando todo parecía conspirar contra la existencia de los campesinos; cuando va decreciendo el número relativo de productores rurales y se va avejentando la población que vive ahí, la Declaración no pudo ser más oportuna y a contracorriente, como los campesinos mismos. Es un grito profético para salvaguardar una forma de producción y vida que ahora se revela indispensable para salvar a esta barbarie disfrazada de civilización que nos devela la pandemia del Covid-19.
La Declaración consta de 28 artículos organizados en seis ejes: 1. Derecho a un nivel de vida adecuado, 2. Derecho a lasoberanía alimentaria, lucha contra el cambio climático y conservación de la biodiversidad, 3. Adopción de reformas agrarias estructurales y protección frente al acaparamiento de tierras, 4. Dere-cho a que las y los campesinos puedan conservar, utilizar, intercambiar o vender sus semillas, 5. Derecho a recibir una remuneración digna por sus cosechas y trabajo y 6. Derechos colectivos para contribuir a la justicia social sin ningún tipo de discriminación.
Sin embargo, este horizonte de utopía, este marco de políticas públicas, que viene a ser el cumplimiento cabal de los derechos, consignados en los 28 artícu-los de la Declaración está siendo amenazado por varios procesos en curso, mismos que hay que detectar y analizar para poder contrarrestar.
El derecho a un nivel de vida adecuado, así como a la soberanía alimentaria es lesionado por las políticas públicas de corte librecambista y neoliberal. Los tratados de libre comercio, la aplicación de la teoría de las ventajas comparativas, someten a los productos campesinos a la competencia desleal de los productos de las agriculturas industriales altamente subsidiadas. Las políticas públicas nacionales que no toman en cuenta los estímulos y subsidios para construir la soberanía alimentaria de familias, comunidades y de la nación entera, así como las políticas comerciales que siguen infravalorando los productos del campo ante los industriales y los insumos como los agroquímicos y los energéticos, violan estos derechos básicos, no sólo de los productores, sino de los consumidores.
El extractivismo dominante, la explotación legal por parte de empresas privadas, o ilegal, por parte de la delincuencia organizada y el acaparamiento de los bosques, los suelos, el agua de las comunidades campesinas e indígenas está lesionando por todo el país el derecho de éstas a la biodiversidad y lejos de apoyar su lucha las torna víctimas del cambio climático. Éste, a su vez, genera sequías, inundaciones, incendios de bosques y pastizales que lesionan los derechos de las familias a su medio ambiente, a su alimentación, su derecho a no migrar, a no ser desplazadas.
Aunque en México ya se llevó a cabo la reforma agraria es necesario actualizarla y complementarla para proteger el derecho de las mujeres, los hombres y las comunidades campesinas e indígenas a su territorio. Hay que construir un pluralismo jurídico que reconozca las formas de propiedad de los pueblos originarios; hay que poner fin al acaparamiento de derechos de agua y al tráfico de éstos y de las parcelas. Hay que restituir a las comunidades los territorios que les han sido arrebatados legal o ilegalmente.
El derecho de los campesinos a sus semillas debe ser protegido y potenciado. Hasta ahora éstas se preservan gracias a sus estrategias ancestrales, con, sin o incluso contra las acciones gubernamentales. Pero no basta: es necesario emprender acciones categóricas en contra de la siembra y dispersión de transgénicos. Es necesario financiar centros de investigación, como el Inifap en sus diversos campos, que ha hecho una enorme labor de recuperación, preservación y mejoramiento de semillas nativas y criollas.
Los derechos de las y los jornaleros agrícolas y sus familias han sido especialmente descuidados. Sus derechos laborales son cumplidos a medias, el trabajo infantil persiste y no hay suficientes espacios para el cuidado de sus niños y niñas menores de cinco años. Se han disminuido los programas y apoyos que se les brindan. Son los más invisibles de los invisibles.
Pero los derechos de los campesinos y las personas que trabajan en el medio rural no serán efectivos en tanto no se les reconozca como sujetos políticos y sociales que deben participar en la elaboración de políticas, en la asignación de presupuestos para su sector, en el diseño y evaluación de los programas que los atañen. Deben reconocerse sus comunidades, las formas de organización y de representación que ellos se den. Se acabó el tiempo de organizarlos desde arriba o de prescribir sus formas de representación. Eso se hace necesario para que se haga efectivo su derecho de ellas y de ellos a contribuir a la justicia social, sin discriminación alguna.
Todos estos derechos para ir más allá de la letra, por bella que ésta sea, deben ser exigibles y justiciables. Debe señalarse cuáles autoridades son responsables de hacerlos cumplir y cómo se les va a exigir que lo hagan. Esto implica una nueva relación de las y los campesinos con el Estado, que no está construida, pero que hay que ir construyendo.
La sociedad pospandemia no será posible sin las y los campesinos e indígenas, siempre y cuando se hagan efectivos sus derechos.
* Investigador-docente de la UACJ
