Ya felicitó el presidente López Obrador al mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden (dicen que la carta es fría, pero, ¿se trataba de escribir una de amor?); ya designó al nuevo embajador en Washington, Esteban Moctezuma Barragán; Biden ha venido dando a conocer los nombres de los personajes que integrarán su gabinete; los líderes del Partido Republicano pintaron su rayita con el vapuleado Trump; los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Hacienda, Arturo Herrera; de Economía, Tatiana Clouthier (pendiente de asumir el puesto), y el consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, están firmes y alertas en sus respectivos cargos. En una palabra, el escenario está casi listo para que comience la discusión de los grandes temas de la relación bilateral, sólo esperando que Biden tome posesión el próximo mes. (Los chayoteros dicen que “es inevitable” el choque entre AMLO y el nuevo presidente, lo cual es una excelente señal, porque hace cuatro años dijeron que “estaba-escrito-en-las-estrellas” que chocaría con Trump).

Asoman los problemas

La Junta Independiente de Expertos Laborales de Estados Unidos destaca uno de los principales desafíos comerciales para la administración entrante de Biden: asegurar que se cumplan los objetivos del Acuerdo Comercial Estados Unidos-México-Canadá, que entró en vigor este año, de acuerdo con el diario The New York Times. “El pacto comercial, que remplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, buscó mejorar las condiciones laborales y pagar mejor a los trabajadores mexicanos, como manera de evitar que las empresas socavaran a los trabajadores estadunidenses y canadienses moviendo sus fábricas a México. Entre otros cambios, el acuerdo exigía una amplia revisión de las leyes e instituciones de México para hacer a sus sindicatos más democráticos y establecer órganos independientes como tribunales laborales para hacer cumplir esos cambios. Ben Davis, director de asuntos internacionales de United Steelworkers y presidente de la Junta Independiente, dijo al Times que “queda por ver si las reformas laborales de México permitirán a sus trabajadores escapar de los salarios de pobreza que tanto les han hecho daño y, a través de la competencia desleal, a los trabajadores en Estados Unido”’. En México sabemos que esa meta no se ha logrado. Una de las causas es el charrismo sindical. Sigue tan vivo y actuante que está incrustado en los consejos que gobiernan al IMSS, la Consar, el Issste y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Comisiones de las Afore

El gobierno federal publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social (IMSS) y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Entrará en vigor el primero de enero de 2021, pone topes a las comisiones que cobran las Afore por administrar el dinero para el retiro de los trabajadores, las cuales para 2021 están fijadas en un promedio de 0.8%, pero a partir de 2022 rondarán en 0.45%.

Por otro lado, el Ejecutivo también publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan las leyes del Infonavit y del Issste, con lo que los trabajadores podrán acceder a créditos de vivienda directamente y sin intermediarios. Para que tenga éxito, los trámites tendrán que ser muy simples.

Monopolios

El titular del IMSS, Zoé Robledo, expresó que la institución de combate a las prácticas monopólicas, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), es la responsable de que las empresas sancionadas por colusión sigan participando en los procesos de licitación del instituto de salud.

“El problema es que la autoridad reguladora, la que debería evitar que haya monopolios, tampoco impide ni limita la participación de estas empresas”, dijo Robledo. ¿Existen más o menos monopolios hoy que antes de que se creara la Cofece? Sin duda, más.

Siguiendo los pasos de Duarte

A ocho meses de concluir su gestión, el gobernador panista (y federalista) Javier Corral busca contratar una deuda por mil 633 millones de pesos, y comprometer durante 20 años, en garantía de pago, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas. Con la nueva deuda de mil 633 millones que Corral quiere que los diputados locales autoricen, aumentarán a 59 mil 844 millones los pasivos del estado, 10 mil millones más que la deuda dejada por su antecesor, el priísta César Duarte Jáquez.

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