Ya con el general Salvador Cienfuegos bien instalado en México (libre, intocado, ¿impune?), las cámaras legislativas mexicanas han aprobado reformas que contravienen el espíritu de la muy extraña reversa gringa en el caso del ex secretario peñista de la Defensa Nacional.

Según lo que se explicó en su momento, en Washington se decidió devolver a Cienfuegos “por consideraciones sensibles e importantes de política exterior” y ante el presunto amago de que nuestro país podría expulsar a los agentes estadunidenses comisionados acá para asuntos de seguridad nacional. La administración obradorista advirtió, a pesar de la citada liberación del altísimo jefe militar, que promovería cambios en esa relación de los agentes extranjeros.

En teoría y conforme a los cambios jurídicos aprobados ayer en San Lázaro, habrá una regulación estricta de los citados agentes extranjeros. En la realidad, las operaciones antidrogas de Estados Unidos no respetan fronteras en países que a su juicio están fuertemente contaminados en su estructura policiaca y militar por la corrupción y la complicidad con los cárteles. Ya se verá si de verdad la plantilla gringa asentada en nuestro país (que es la que realmente importa, para estos propósitos) se somete a los ordenamientos de la llamada 4T o todo queda en un típico cambio en las leyes que se irá ajustando conforme a circunstancias muy prácticas.

Otra determinación legislativa de ayer establece cárcel y multa a quienes, con afán de lucro, tomen casetas de cobro en carreteras federales. Hasta ahora, muchos movimientos de protesta han recurrido a estas tomas para obtener financiamiento, sin que los gobiernos correspondientes tomaran acciones verdaderamente enérgicas contra tales manifestantes.

El nuevo giro en cuanto a las tomas de casetas de cobro fue rechazado de entrada por 96 diputados de Morena (https://bit.ly/3oTJtNY), quienes consideraron que se “criminaliza la protesta social”. Luego se hizo un cambio de apariencia conciliatoria, para precisar que la cárcel “de tres meses a siete años a quienes tomen casetas y pidan dinero a los automovilistas” tendría que estar sustentada en un “ánimo de lucro”.

Cierto es que Morena, como partido, o el obradorismo como movimiento social, no han recurrido a estos métodos, pero también es cierto que la izquierda social (que no es necesariamente la partidista o electoral) sí lo ha hecho y, en 2021, varios movimientos de reivindicación popular en materia de recursos naturales y de oposición a los proyectos “estratégicos” del obradorismo estarán en las calles. Ya se verá si estas nuevas reglas se cumplen a rajatabla y se detiene, encarcela y procesa a líderes o activistas de la otra izquierda.

Otro tema candente fue pospuesto para el año entrante. Ante las críticas de algunos subgobernadores y el gobernador del Banco de México, y de la representación de los bancos instalados en México, se ha pasado para 2021 el análisis y eventual votación sobre las modificaciones legales que obligarían al BdeM a comprar excedentes de dólares que no pudieran retornar a Estados Unidos. La discusión pública ha señalado a Banco Azteca y su influyente dueño, Ricardo Salinas Pliego, como los destinatarios específicos de esa iniciativa de reformas que, según se ha denunciado, atentan contra la autonomía del citado banco central pero, sobre todo, conllevan el riesgo muy claro de que ese mecanismo sirva para lavado de dinero, lo cual podría acarrear al BdeM sanciones paralizantes de otras entidades y naciones.

Y, mientras el presidente de México ha enviado su felicitación a Joe Biden, a quien el proceso jurídico estadunidense ya calificó como presidente electo, mediante una carta en una de cuyas partes López Obrador confía en que con el próximo residente en la Casa Blanca se seguirán aplicando los principios “de política exterior establecidos en nuestra Constitución, en especial el de no intervención y autodeterminación de los pueblos”, ¡hasta mañana!

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