El reportero guerrerense Omar Bello Pineda, desplazado en la Ciudad de México desde hace tres años y amenazado de muerte, se manifestó en la Secretaría de Gobernación (SG), donde lleva 25 días en plantón, ya que el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas se negó a ponerle escoltas.

Él y otros dos manifestantes se extrajeron sangre del brazo para que funcionarios de SG los atendieran. “Como periodista desplazado, no he tenido atención del gobierno federal y de Alejandro Encinas, ni del director de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo de Protección, quienes son los encargados de brindarnos seguridad”.

En este contexto, Celia del Palacio Montiel, investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y Comunicación de la Universidad Veracruzana, consideró que pese a los adelantos legislativos en materia de derechos humanos y protección a periodistas y defensores de derechos humanos, en los hechos concretos la “violencia no se ha frenado” en contra de estos grupos y actualmente no hay entidad o región del país que no tenga registros de esta problemática.

Al participar en el panel Violencias contra comunicadores, activistas y luchadores sociales, organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la investigadora analizó también la situación económica y las condiciones laborales de los periodistas, donde sostuvo que la pandemia de Covid-19 vino a afectar todavía más la precariedad en la que labora el gremio periodístico.

Omar Bello, reportero del diario ABC de Zihuatanejo, se vio obligado a salir de dicha ciudad de Guerrero en agosto de 2017, debido a que dos grupos del crimen organizado comenzaron a hostigarlo para que escribiera lo que ellos decían, con la amenaza directa de matarlo si no los obedecía.

Explicó que el Mecanismo le niega los escoltas argumentando que sus potenciales agresores están a más de 600 kilómetros de la CDMX, donde actualmente radica.