Por mayoría de cuatro votos a favor, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó ayer que los partidos políticos deberán postular a siete mujeres como candidatas a gubernaturas de las 15 que estarán en disputa el próximo año.

Ello durante una caótica sesión en la que los magistrados no supieron cómo primero rechazaron un proyecto que contenía medidas afirmativas para que las fuerzas políticas registraran ocho mujeres candidatas y luego aceptaron una propuesta para que tuvieran la obligación de inscribir a siete.

La confusión se evidenció cuando luego de que los jueces emitieron su sufragio, el secretario de acuerdos, Carlos Vargas, indicó que había cuatro votos a favor de únicamente exhortar a los partidos políticos a registrar siete mujeres candidatas. Señaló que quienes habían sufragado en este sentido fueron Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Indalfer Infante y José Luis Vargas, cuando en realidad el primero se manifestó por obligarlos y no por hacerle un simple llamado.

A partir de ello, los integrantes de la sala superior plantearon la necesidad de revisar la versión estenográfica para tener certeza.

El magistrado Indalfer Infante, quien había sufragado por el exhorto, dejó en claro que la propuesta de obligar a las fuerzas políticas a registrar siete mujeres, planteada por su colega Felipe de la Mata, había logrado cuatro de siete votos.

Ante la situación, José Luis Vargas, magistrado presidente que se hará cargo del engrose del proyecto, declaró: se vincula a los partidos políticos para que en la postulación de sus candidatos a las gubernaturas en el presente proceso electoral, haga efectivo el principio de paridad y esto sea acorde con lo que se ha discutido en esta sesión y que consta en las versiones estenográficas.

En la sesión pública, los jueces acordaron previamente, por unanimidad, revocar el acuerdo del INE que obligaba a los partidos a postular siete mujeres para las gubernaturas, por considerar que el organismo no tiene facultades.

Así, vincularon a estas últimas instancias a que establezcan un modelo de paridad horizontal, que haga efectivo el derecho de las mujeres a ser votadas en condiciones de equidad para las gubernaturas, lo cual deberá realizarse antes del inicio del próximo proceso comicial.