El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, sin cambios, la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación que, explicó Morena, fortalece a la Suprema Corte de Justicia, y “es congruente en la lucha contra la injusticia y la impunidad”.
El dictamen a la minuta del Senado se aprobó sin cambios, y fue turnada a los congresos de los estados –que conforman el Constituyente Permanente– para su ratificación; durante la discusión en el pleno, la bancada mayoritaria y sus aliados resaltaron que se acabará con el nepotismo y la corrupción que priva en el Poder Judicial.
Asimismo, el pleno de la Cámara avaló una reforma al artículo 73 constitucional, para que el Congreso tenga la facultad de aprobar una ley general de seguridad privada. Y aunque en comisiones se rechazó considerar a las empresas como auxiliares de la seguridad pública, de última hora Morena introdujo una reserva para que los particulares sean coadyuvantes de las autoridades.
La aprobación del dictamen en comisiones se dio precisamente porque se retiró esa posibilidad, pero ayer Morena agregó que la citada ley incluirá “las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada y las autoridades correspondientes... para la adecuada organización y funcionamiento como auxiliares de seguridad pública”.
En la discusión de la reforma al Poder Judicial, Morena indicó que “representa un esfuerzo adicional para fortalecer a la Corte como tribunal constitucional y es congruente en esa lucha contra la injusticia y la impunidad”, dijo en tribuna la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez Ruiz (Morena).
Por su parte, Enrique Ochoa Reza (PRI) afirmó que, a pesar de los avances, como dar rango constitucional al servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal y que se crea el Instituto Federal de la Defensoría Pública y la Escuela Federal de Formación Judicial, se incluyó un artículo transitorio específico que deja sin recursos adicionales para su funcionamiento a estas dos nuevas instituciones.
“Es un error reiterado de esta legislatura, que presupuesto tras presupuesto le ha quitado recursos al Poder Judicial de la Federación, lo cual debería ser recompuesto en esta reforma constitucional, dándole más recursos para alcanzar los objetivos que la misma reforma establece”, expuso.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega (PAN), afirmó que la reforma concentra el poder en el presidente de la Corte y debilita figuras como la controversia constitucional y el amparo directo, además de que surge de “un grupo compacto de la Corte, no del Poder Judicial de la Federación”.
Consideró que la reforma no resulta apropiada, porque si bien “contiene algunos elementos plausibles, no son comparables ni suficientes” con el resto de las adiciones.
“Una reforma dice más por lo que no contempla que lo que está en el decreto y en esta debió incluirse un proceso más abierto para controles en la elección de ministros, y no se contempla un mecanismo ante la eventual renuncia de ministros, ni se apuntala la autonomía de los poderes judiciales estatales”, afirmó.
