Madrid. El Tribunal Supremo español ordenó ayer, por unanimidad, repetir el juicio contra el dirigente de la izquierda nacionalista vasca, Arnaldo Otegi, y de otros cuatro líderes que habían sido condenados por la supuesta reconstrucción del aparato político de ETA, dicha sentencia había sido anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al considerar que se había tratado de un proceso que se llevó a cabo sin garantías y vulnerando los derechos básicos de los implicados.
Esta decisión del alto tribunal es fruto de una querella presentada por el partido de extrema derecha Vox, que pretende apartar de la vida política al líder abertzale, quien ha ganado protagonismo en el escenario político español con su apoyo a los presupuestos generales del Estado del gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos.
Hace 12 años, cuando ETA había roto la última tregua fallida de cara a un proceso de paz con el gobierno español, la policía detuvo a Otegi y otros cuatro dirigentes vascos: Rafa Díez Usabiaga, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez por un supuesto intento de reconstruir el aparato político de ETA que había sido proscrito años antes, al declarar ilegal a Batasuna. Tras la detención fueron sometidos a proceso en la Audiencia Nacional, en un juicio que culminó en 2011 y que decidió que eran cul
El tribunal europeo decidió en 2018, ya cuando los dirigentes vascos habían cumplido su pena, anular la sentencia, acatando los argumentos de los abogados vascos y exigiendo al Estado español que se restituyeran todos los derechos de los condenados, entre ellos el de la inhabilitación para ocupar un cargo público. Tal decisión fue acatada ese mismo año por el Tribunal Supremo, el mismo que ahora, a petición de la formación de extrema derecha Vox, ordenó volver a juzgar a los condenados, con lo que se suspendería, al menos de forma cautelar, tanto la rehabilitación de sus derechos civiles como los procesos abiertos para las indemnizaciones que reclaman al Estado por daños y perjuicios. Los magistrados españoles argumentan que “un defecto procesal no puede convertirse en una exención penal”.
Tras conocer la decisión, Otegi, coordinador general de EH Bildu, advirtió en un mensaje en las redes sociales: “¡Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar!” Otro de los afectados, Arkaitz Rodríguez, publicó: “12 años después de nuestra detención, tras haber pasado en la cárcel años de forma absolutamente injusta e ilegal, tras una anulación europea y sin que siquiera exista ya esa organización, han decidido volver a juzgarnos por pertenencia a ETA. ¿Democracia? ¿Cuál democracia?”