Buenos Aires., La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se presentó ayer ante la justicia con una denuncia firmada por su titular, Mercedes Marcó del Pont, al comprobar que existió una “matriz de persecución política contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo utilizando a ese organismo como uno de los artífices”, como reveló la auditoría al confirmar la creación de grupos de trabajo concentrados en perseguir a determinados sectores y contribuyentes, lo que violentó las instancias de igualdad que debe guardar esa institución.

“La subdirección general de Auditoría Interna identificó que en el ámbito de la subdirección general de Recaudación se pergeñó un sistema informático mediante el cual se pretendió ejercer un control exhaustivo de dos grupos económicos específicos (…) con una singular coordinación de acciones entre funcionarios de la AFIP e integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público que excedió la colaboración que la administración presta a la judicatura”, señaló.

La denuncia presenta pruebas que coinciden con lo verificado en otros organismos, revelando la existencia de una política de persecución de la AFIP en la forma en la que se manipuló a los “arrepentidos”, incluso sus declaraciones seguían un “guion”, y en una coordinación que parece haber partido de la llamada “mesa judicial” (conformada durante el gobierno del derechista Mauricio Macri, 2015-2019).

En febrero de 2020, la vicepresidenta Cristina Fernández presentó una denuncia en la AFIP “marcando en forma muy detallada cómo fueron hostigados ella y sus hijos por el organismo recaudador durante la época de Macri”.

Lo que ayer se presentó a la justicia “es el resultado de dos auditorías que se hicieron a lo largo de casi ocho meses. La denuncia de la AFIP vuelve a colocar a Macri al frente de operaciones de espionaje y armados ilegales para tratar de “aniquilar a los opositores”.

En la causa del sistema de espionaje estatal en tiempos de Macri van surgiendo novedades cada día y reconocimientos que complican más en la cúpula del poder.

La ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia Denise Aya Tenorio, investigada por realizar espionaje ilegal en las cárceles federales, declaró ante la justicia el pasado jueves que durante la gestión de Cambiemos le ordenaron espiar a ex funcionarios kirchneristas (detenidos también de manera ilegal) con el argumento de identificar si tenían “vínculos con el narcotráfico”.

El fiscal de la causa de espionaje, Santiago Eyherabid, le preguntó si le ordenaron espiar a ex funcionarios como el ex vicepresidente Amado Boudou o al ex ministro Julio de Vido, o Carlos Santiago Kirchner, por si “tenían vínculos con el narcotráfico”, a lo que la ex agente contestó: “eso es lo que se nos dijo y en eso trabajábamos”.

Boudou, a su vez, invocó la “gravedad institucional” del caso de su indebida condena y cuestionó a la “Corte Suprema vendada” por no analizar que hubo un “arrepentido sobornado” por Cambiemos ni haber tenido en cuenta el espionaje con el que se violó la “garantía de defensa” en su caso.

La Corte Suprema no evaluó la investigación judicial, pero resolvió la semana pasada confirmar condena y prisión del ex vicepresidente y ahora deberá volver a pronunciarse en este caso con los elementos “que no quiso ver incluidos abiertamente en el reclamo”. Si la Corte persiste en su actitud, la causa será llevada a instancias internacionales.