San Cristóbal de Las Casas, Chis., El notario público número 62, Carlos Flores Gómez, uno de los decanos en México, con 50 años ininterrumpidos de desempeñar esa función, propuso a sus colegas de todo el país, una aportación voluntaria mínima de 10 mil pesos cada uno, para conformar un fondo de cien millones de pesos que pudieran ser destinados para la obtención de fármacos para los niños con cáncer, o para la construcción de 300 viviendas para los damnificados de Tabasco y Chiapas, por ejemplo.

En una carta pública, planteó que los recursos podrían ser administrados “por la respetable dama y honorable Notario, Olga Sánchez Cordero, a quien, como Secretaria de Gobernación y constructora de la paz, le pido decida el destino de los fondos reunidos”.

Explicó que su propuesta consiste en que cada notario en ejercicio o tengan esa condición, “pueden aportar como mínimo diez mil pesos, con lo cual se integraría la suma de sesenta y cuatro millones de pesos (a razón de dos millones de pesos en promedio, por entidad federativa), y la diferencia puede integrarse con una aportación de veinticinco pesos, por actos autorizados de menor cuantía y cincuenta pesos, por los demás”.

En la carta pública dirigida a Sánchez Cordero, a los titulares del poder ejecutivo de las 32 entidades federativas y a los integrantes del notariado nacional, agregó: “Reitero que luego de 50 años ininterrumpidos de desempeñar la función, no tengo ninguna duda en que la propuesta es válida y viable”.

Previamente, preguntó: “¿Y El notariado mexicano qué?, ¿Dónde está?, ¿Dónde estuvo en anteriores sucesos trágicos de la historia del país? Concretamente: ¿En qué hemos sido solidarios en esta dolorosa crisis ocasionada por la Covid-19?”.

Gómez Flores, cuya notaría tiene su sede en San Cristóbal de Las Casas, manifestó que se dirigió a la titular de Gobernación, porque, “por su condición de notario público, puede dar entera fe de la necesidad de la propuesta enunciada y ordenar la forma y términos para hacerla realidad, además de exhortar a los gobernadores de los estados (titulares de la función), para que, a su vez examinen con los respectivos Colegios de Notarios la urgencia de esta acción solidaria”.

A sus colegas notarios les hizo notar que “ejercen una función delegada, que puede ser asumida por el Gobierno de la República como otro en otro tiempo ocurrió con el estado civil de las personas; que muchos notarios, en un sólo acto pueden devengar la cantidad que aquí se sugiere como aportación mínima”, además de que “por ley, anualmente se revisa al alza el arancel notarial, donde puede operar la compensación”.

Subrayó: “Y lo más importante: Como paradoja cruel y triste, en un acta notarial que causa honorarios, quedará consignado el derecho sucesorio derivado de los fallecimientos del Covid-19”.

En su opinión, “no es relevante o sustantivo el mes del testamento, las jornadas notariales y otras participaciones (algunas previstas por la ley), que más bien se traducen en beneficio económico de los notarios”.

Señaló que ningún notario podría decir sobre la pandemia y respecto de su propuesta que no le incumbe el problema, al tiempo que agregó: “En lo personal, expreso que no me adjudico ninguna representación y tal vez puedo ser ejemplo de lo que no hay que hacer o ser, pero pienso que después de 50 años de ejercicio puedo pretender una ‘cura de humildad’ o tentativa de reivindicación profesional, y sugiero que cuando el virus esté ‘acorralado’, se nos extienda por el Gobierno de la República, un Certificado de Solidaridad Covid-19, que estimo podremos exhibir con orgullo”.

Precisó que él aportará la cantidad de 12 mil pesos para la conformación del fondo planteado, mientras espera “las instrucciones de la notario y titular de la Secretaría de Gobernación”, acerca de su propuesta.