Toluca. El Congreso del Estado de México pretende dictaminar este miércoles una Ley de Amnistía para que sea aprobada el jueves por el pleno Legislativo. Ella permitiría la liberación de aquellos presos que fueron acusados de delitos no graves y aplicaría preferentemente para personas de escasos recursos, indígenas, mujeres y jóvenes.

La ley de Amnistía del Estado de México sería el resultado de cuatro iniciativas que se presentaron en la Legislatura por los grupos parlamentarios de Morena, PT, PRD y una que tuvo origen ciudadano, además de planteamientos que se recogieron en el parlamento abierto tanto del Poder Judicial, de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos así como de colectivos de familiares de personas injustamente presas.

El diputado Max Correa, uno de los principales impulsores de la iniciativa dijo que ésta no será permanente sino aplicaría ahora a las personas privadas de su libertad y en adelante, lo que se impulsará es el cumplimiento de la Ley General de Ejecución de Penas para que se aplique la figura de la preliberación para reos que hayan compurgado parte de su condena y presenten buna conducta.

No solo se trata de dejar en libertad a las personas para despresurizar el sistema penitenciario estatal que actualmente se encuentra con sobrepoblación, sino garantizar que se puedan reinsertar a la sociedad y a la vida productiva, informó.

En un estudio sobre las personas privadas de la libertad en la entidad —alrededor de 31 mil—, 80 por ciento tenían un trabajo fijo mediante el cual provenían a su familia, lo que es indicativo de que no se dedicaban a una actividad delictiva, reveló.

El sistema de justicia ha tenido serios vicios y problemas que han derivado de muchas personas inocentes estén en la cárcel por el esquema de fabricación de delitos, problema que se agudiza cuando por falta de recursos, estas no hayan accedido a una buena defensa que les garantice su libertad, mencionó.

La Ley de Amnistía garantizará el derecho de las víctimas, pues solo procederá cuando la reparación del daño este cubierta, además de que descartó la idea de que el fin de la ley es permitir que muchos delincuentes salgan en libertad, explicó.

Se estima que esta iniciativa podría beneficiar entre cinco y siete mil personas privadas de su libertad, que se sumarían a otras dos mil o tres mil que podrían ser excarcelados bajo la figura de preliberación o libertad anticipada, comentó.

El grupo parlamentario del PRI hizo notar que se deben hacer ajustes a la ley que se pretende aprobar para que no se incurra en acciones anticonstitucionales y se debe definir con claridad las facultades y atribuciones que tendrán cada una de las instancias que participará en este proceso, desde el Poder Judicial, las dependencias del Poder Ejecutivo y el propio legislativo.