Nuevamente la lógica del interés económico, el lucro privado, se está imponiendo en el mundo al derecho universal a la salud consagrado en las declaraciones y convenciones internacionales de derechos humanos: mientras los países más desarrollados tienen garantizado hasta el triple e incluso el quíntuple de vacunas Covid-19 para su población, los países rezagados sólo cubrirán, en el mejor de los casos, a 10 por ciento de sus habitantes.
Una realidad ajena al espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar”; y de los postulados de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud que afirma que “el goce máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”.
En lo relativo a la pandemia del siglo XXI, como ha ocurrido en otros casos, sólo las naciones industrializadas podrán acceder oportunamente, para todos sus habitantes, y con varias dosis resguardadas por persona, a una vacuna de alguno de los grandes laboratorios que han comenzado ya a distribuir masivamente, como en Gran Bretaña, el antídoto que preservará la salud de su población.
Los países ricos, que representan sólo 14 por ciento de la población mundial, han comprado hasta 53 por ciento de las fórmulas anticovid más prometedoras hasta la fecha. Canadá encabeza la lista con dosis suficientes para inocular cinco veces a cada habitante.
Por supuesto que no está mal que algunas naciones tengan debidamente garantizado el suministro de la vacuna, lo cuestionable es que haya muchos países de la comunidad internacional que no tienen ninguna cobertura para su población desvalida.
En efecto, organismos como Amnistía Internacional, Frontline AIDS, Global Justice Now y Oxfam han denunciado que los países ricos compraron con antelación y acapararon dosis suficientes contra el coronavirus para medicar tres veces a toda su población, mientras otras quedaron a la intemperie sanitaria.
Este abanico de organizaciones, que forman parte de una alianza que reclama lo que denominan una “vacuna del pueblo”, reveló que 67 países de ingresos bajos y medianos podrían quedar marginados mientras las naciones desarrolladas han monopolizado las existencias y proyecciones.
Advierten, de manera coincidente, que esos casi 70 países pobres de África, Asia y América Latina sólo podrán vacunar a la décima parte de su población el año próximo, si los gobiernos y la industria farmacéutica no toman medidas urgentes para garantizar la producción de dosis suficientes que cubran no sólo a los países solventes.
De esta manera, la esperanza de un fármaco para todos los seres humanos, por lo menos para el próximo año, y quizás otro más, se está difuminando, pues la producción mundial de los principales laboratorios ya está reservada para quienes pudieron pagar por adelantado, o cuando menos dejar garantizado el pago oportuno. Esta anómala situación, de privilegio y exclusión según la capacidad adquisitiva, se está dando a pesar de que el financiamiento público, y no el financiamiento privado, está siendo la principal fuente de recursos para agilizar la disposición de una vacuna que inhiba de manera eficaz, y sin efectos secundarios graves, la pandemia que vino a trastocar los mercados, los estilos de vida y, sobre todo, la salud de la humanidad.
Por eso, no puede uno dejar de sumarse a los llamados a que la respuesta mundial a la crisis causada por la pandemia sea asumida de forma equitativa, como señaló Munir Akram, presidente del Consejo Económico y Social de la ONU: “Primero debemos asegurarnos de que la vacuna contra el virus esté disponible para todos, en todas partes, ricos o pobres, hombres o mujeres, sobre una base equitativa, dando prioridad a trabajadores médicos, mujeres y niños”.
Mismo reclamo de Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán y del Movimiento de Países no Alineados, quien pide acceso asequible, equitativo y sin obstáculos para todos los países a medicamentos, vacunas y equipo médico, lo que debe ser parte integral de una respuesta mundial coordinada y efectiva contra la pandemia.
Una solución de fondo sería apoyar, y conseguir que fructificara, la propuesta de Sudáfrica e India ante el Consejo de la Organización Mundial del Comercio de renunciar a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, ensayos y tratamientos contra el Covid-19 hasta que toda la población esté protegida.
En el caso de México, con la grave omisión de una partida específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 para ese importante fármaco, el plan nacional de vacunación ya se anunció, y esperemos que haya el necesario financiamiento y la capacidad operativa para proveerla en los ritmos previstos, ya de por sí discordantes con la urgencia en la materia. La salud de la población y las precariedades de la economía exigen una operación eficaz y oportuna.
En suma, hagamos realidad el derecho humano a la salud: vacunas para todos en el mundo, y en México, dotación oportuna como máxima prioridad y política de Estado, más allá de cualquier controversia política.
