Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó, y turnó a las legislaturas de los estados, la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, que —según la explicación presentada por Morena— fortalece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y busca terminar con el nepotismo y la corrupción.

“Estas reformas son de gran calado, representan un esfuerzo adicional para fortalecer a la Suprema Corte Justicia de la Nación como tribunal constitucional. En ese sentido, la reforma que ahora se dictamina es congruente en esa lucha contra la injusticia y la impunidad”, dijo en tribuna la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez (Morena).

La finalidad de los cambios, indicó, es acercar, tal como dispone el artículo 17 constitucional, la justicia a todos los mexicanos, una asignatura pendiente con el pueblo de México.

Entre los cambios, se depura la materia de las controversias constitucionales, al eliminar las cuestiones de legalidad y ampliar las hipótesis de procedencia a las omisiones, las cuales pueden ser de cualquier orden, explicó.

Enrique Ochoa Reza (PRI) informó que también se da rango constitucional el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, a través de un nuevo Instituto Federal de la Defensoría Pública, y la misma categoría el cambio de los tribunales unitarios que se transforman en tribunales de apelación, colegiados, con tres integrantes.

No obstante, dijo que a pesar de los avances y alcance de dos nuevas instituciones en el Poder Judicial, la Escuela Federal de Formación Judicial y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, se incluyó un artículo transitorio específico que deja sin recursos adicionales al Poder Judicial de la Federación para hacer realidad lo que la letra de la reforma constitucional prevé.

“Este es un error, que reiteradamente esta legislatura, que presupuesto tras presupuesto, le ha quitado recursos al Poder Judicial de la Federación, lo cual debería ser recompuesto en esta reforma constitucional, dándole más recursos para alcanzar los objetivos que la misma reforma establece”.

La reforma fue rechazada por PAN y MC. El blanquiazul argumentó que los cambios concentran el poder en el presidente de la Corte y debilita figuras como la controversia constitucional y el amparo directo.