El ministro Alberto Pérez Dayán suspendió la aplicación de la reforma al Poder Judicial de Baja California, impulsada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no se pronuncie sobre su constitucionalidad.

Estos cambios desaparecen al Consejo de la Judicatura estatal y dejan en manos del gobernador la designación de los candidatos a ser magistrados del tribunal superior de justicia, todo lo cual es considerado por el Poder Judicial de Baja California, como una invasión a su esfera de atribuciones constitucionales.

El acuerdo emitido por el ministro Pérez Dayán señala los alcances de esta suspensión: "Procede conceder la suspensión solicitada para que no cesen en sus funciones los consejeros de la Judicatura; continúen en sus funciones los magistrados supernumerarios del TSJ; no entre en vigor el sistema de ternas para designación de magistrados; y para que el TSJ no emita los acuerdos generales a que se refieren los artículos transitorios del decreto impugnado”.

Estas reformas fueron impulsadas con el argumento de ahorrar presupuesto, sin embargo, según alega el Poder Judicial estatal, son contrarias a las disposiciones de la Constitución general, para preservar la independencia de jueces y magistrados.