La Ley General de Educación Superior, recientemente aprobada por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados, contiene avances importantes, como la ratificación de la autonomía de las universidades, pero todavía no alcanza a resolver de fondo el tema del financiamiento público, estimó Angélica Buendía Espinosa, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
“Hay una intencionalidad de colocar este tema como prioritario, lo cual es importante”, dijo la también coordinadora del Laboratorio de Análisis del Sistema Universitario Mexicano. No obstante, hay que recordar que aunque se crea el fondo especial para la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, éste contará con recursos hasta el presupuesto de 2022.
Además, la especialista en el estudio y análisis comparado de las políticas públicas en educación superior pública y privada reconoció el trabajo alcanzado para garantizar en esta ley reglamentaria el tema de la autonomía universitaria, amenazada en fechas recientes por algunos gobiernos y congresos locales.
En busca del equilibrio
“Lo que se ha buscado es el equilibrio entre la autonomía y la gobernabilidad dentro de estas instituciones, que también sabemos han tenido problemas en algunas ocasiones, pero creo que se salva porque deja solamente a las universidades sus facultades para realizar cambios, y que de ninguna manera puedan tener influencia otro tipo de actores, tanto en la definición de las formas de gobernarse a sí mismas, sus fines y funciones sustantivas, como en la docencia y la investigación”.
En entrevista, la investigadora de la UAM Xochimilco dijo que si bien el tema del financiamiento no se ha resuelto de fondo, sí representa un avance importante establecer que el monto anual que se destine a la educación superior no podrá ser inferior al ejercicio presupuestal previo.
Destacó que actualmente las universidades públicas estatales arrastran un rezago presupuestario importante, pues desde 2015-2016 han disminuido drásticamente, casi hasta su desaparición, los fondos extraordinarios a estas instituciones, que estaban dirigidos a programas específicos y que contribuían a desarrollar proyectos de largo plazo.
“Este financiamiento ya no aparece, sólo el fondo federal destinado a asegurar los recursos para la obligatoriedad y que se supone que de manera gradual se tendrá que ir aumentando, aunque este año no se implementó, aunque ya estaba aprobado”, dijo Buendía Espinosa.
Expresó que aunque la obligatoriedad y gratuidad ya opera desde la reforma del artículo tercero constitucional, todavía se desconoce cómo va a operar dicho fondo, cuándo se conformará o bajo qué términos de referencia más específicos se van a distribuir dichos recursos. Son todavía temas pendientes que deben precisarse.
