La Cámara de Diputados pretende aprobar este martes las minutas del Senado que reforman la Ley de Seguridad Nacional para regular la presencia de agentes de Estados Unidos en México y la Ley del Banco de México (BdeM), que obligaría a la institución a comprar dólares que los bancos no puedan reincorporar a los países de origen a través del sistema financiero.

Para ello se convocó este lunes a las comisiones en las que se turnaron ambos asuntos a trabajos extraordinarios. En el caso de la Comisión de Hacienda, la reunión será posterior a un encuentro a distancia –a las 10 horas– de los coordinadores parlamentarios con la Asociación de Bancos de México para escuchar sus posturas, aunque Morena está por aprobar la minuta sin cambios.

A pesar de ello, dentro de la bancada mayoritaria hay resistencia a avalar la reforma impulsada por el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, e inclusive algunos diputados de este partido que están en contra cuestionaron este domingo que el cambio a la ley del BdeM “es un encargo de un banco”.

Sesión presencial en San Lázaro

Morena y sus legisladores aliados intentaron que la sesión de este lunes y la de mañana fueran semipresenciales, planteamiento rechazado por la oposición, porque la votación a distancia le facilitaría a la mayoría parlamentaria planchar las dos reformas.

El fin de semana se circuló el proyecto de dictamen de modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional que avala la minuta del Senado.

En sus consideraciones señalan que la legislación debe ser actualizada para enfrentar las necesidades en materia de delincuencia trasnacional y justifica que el acuerdo presidencial de julio de 1992, suscrito por el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, y el procurador Ignacio Morales Lechuga, quedó rebasado por la realidad.

Además, que la cooperación internacional es esencial en el combate y prevención de las amenazas a la seguridad, con respeto en todo momento a la soberanía de los estados y que cada uno “cuenta con libertad para ejercerla”.

También defiende que “la soberanía es uno de los componentes fundamentales parar sostener la igualdad e integridad territorial y política de cada Estado”.

Martha Tagle Martínez (MC), secretaria de la Comisión de Gobernación, explicó que el cambio busca que México pueda “monitorear todas las interacciones de agentes extranjeros con servidores públicos, incluidos los legisladores y de los órganos constitucionalmente autónomos”.

Más aún, prevé sanciones penales a funcionarios y legisladores mexicanos que no reporten al gobierno federal las reuniones con agentes extranjeros.

El artículo 70 de la ley prevé que la inobservancia de la ley “será causa de responsabilidad administrativa o penal... los servidores públicos de los estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México deberán enterar a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de los tres días siguientes de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los agentes extranjeros, un informe escrito de las mismas”.

Asimismo, las reuniones deberán ser autorizadas previamente por el grupo de alto nivel de seguridad –que se crea con la reforma– y se obliga a que en las conversaciones esté presente un representante de la SRE.

La legisladora Tagle Martínez explicó que la definición de “agentes extranjeros” no se limita a tareas de seguridad, sino que su interpretación puede incluir a representantes de agencias de cooperación internacional.