No sólo polémicas sino particularmente extrañas han sido dos iniciativas de reformas legislativas que ha impulsado y procesado lo que llaman Cuarta Transformación (4T). Con una, se abre la puerta al lavado de dinero con cargo al Banco de México y, con la otra, se pone en riesgo el esquema de “colaboración” entre México y Estados Unidos en materia de agentes extranjeros, especialmente los relacionados con las drogas.

Resulta incomprensible el entusiasmo legislativo impreso por el zacatecano Ricardo Monreal para impulsar las reformas en materia del Banco de México que parecieran orientadas a favorecer a unos cuantos empresarios, sobre todo a Ricardo Salinas Pliego, dueño del Grupo Azteca (que incluye canales de televisión) y asesor empresarial del Presidente de la República.

Y tampoco parece el momento propicio para impulsar las reformas en materia de agentes extranjeros acreditados en México, pues era previsible que sucediera, como sucedió, que la administración estadunidense (hoy, todavía a cargo de Trump) revirara de manera contundente, al advertir que ese cambio en las reglas de los entendimientos podría generar discordancias fuertes entre los dos gobiernos y que, a fin de cuentas, todo terminaría favoreciendo a los cárteles del crimen organizado.

En Nuevo León, el partido Morena y el proyecto llamado Cuarta Transformación (4T) han apostado por una de las facciones tradicionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para competir por la gubernatura.

Clara Luz Flores Carrales fue priísta durante 22 años y renunció a esa militancia a principios de este año como parte de acuerdos iniciados en noviembre de 2019 con Yeidckol Polevnsky y luego continuados y coronados por Mario Delgado (del tema se habló en anteriores columnas, en particular la del pasado 23 de noviembre: “Gatopardismo de Morena en NL // Clara Luz, transfusión priísta // Tatiana se hizo a un lado” https://bit.ly/37hdXDM).

No hay ningún indicio de compatibilidad ideológica de Clara Luz ni de su injerencista y, en apariencia, políticamente dominante esposo, Abel Guerra Garza, con Morena y la 4T, más que el oportunismo pragmático de brincar del PRI, que siempre mantuvo a Adrián de la Garza Santos, presidente municipal de Monterrey, como aspirante a la gubernatura, y abrirse ambos, Clara Luz y Abel, una alternativa que en el espejismo ya usual en Morena, podría darle a este partido “un triunfo electoral”.

Deficitarios como han sido varios de los gobiernos estatales emanados del morenismo, no se ve ningún ánimo eficaz de corrección en la serie de designaciones de candidatos para 2021. En Baja California, en medio del desorden cotidiano propiciado por Jaime Bonilla, Mario Delgado ha logrado imponer a Marina del Pilar Ávila Olmeda, presidenta municipal de Mexicali, como candidata a gobernar. Otra mujer, Layda Sansores, vuelve a ser candidata a gobernar Campeche, estado que a su vez estuvo bajo el mando de su padre, el priísta Carlos Sansores Pérez, de 1967 a 1973.

Las designaciones de virtuales candidatos, aunque en los hechos se les designa coordinadores de la defensa estatal de la 4T, para no caer en violaciones legales por hacer precampaña, se han realizado en el más puro ejercicio de la discrecionalidad. Según eso, las candidaturas son definidas por encuestas de opinión que nunca son difundidas de manera pública y sólo son mencionadas de pasadita a los participantes en el supuesto ejercicio demoscópico.

Y, mientras la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ha ejercitado acción penal contra nueve mandos y dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio Benito Juárez (donde se ubica Cancún), por las agresiones, robos y abusos que cometieron el pasado 9 de noviembre contra personas que se manifestaban en demanda de justicia en casos de feminicidios, ¡hasta mañana!

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