En los pasados 50 años, el proceso de urbanización en el país “ha sido a costa de terrenos ejidales y comunales de una manera explosiva y anárquica que generó invasio-nes y venta ilegal de lotes de tierras de núcleos agrarios para su eventual regularización”, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
De 1980 al 30 de junio de 2020 se publicaron mil 711 decretos expropiatorios que afectaron más de 336 mil hectáreas de propiedad social, cubriendo un monto indem-nizatorio de 9 mil 27 millones de pesos, y el principal promovente, con 30 por ciento de la superficie expropiada, ha sido el Instituto Nacional del Suelo Sustentable –antes Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra.
A través del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) –adscrito a la Sedatu–, el gobierno contempla la restitución de bienes expropiados que no cumplan con la causa de utilidad pública para contribuir al ordenamiento territorial y brindar certidumbre al pago de indemnizaciones para núcleos y sujetos agrarios. Fifonafe es la única entidad gubernamental que por ley realiza la supervisión de los decretos expropiatorios que impactan tierras de los bienes ejidales y comunales.
De acuerdo con el anteproyecto del programa institucional 2020-2024 de dicha instancia, ésta otorgará certidumbre jurídica a los núcleos y sujetos agrarios, además de llevar a cabo acciones que “coadyuven a la protección de la vida en comunidad, impulsándolos a que cuando retiren sus fondos comunes los destinen para proyectos productivos o sociales, propiciando el fortalecimiento del tejido social”.
Se advierte, sin embargo, que en años recientes Fifonafe “no ha recibido recursos fiscales, viéndose afectada su operación. La Cámara de Diputados no lo incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2020. La situación ha limitado al fideicomiso en el óptimo cumplimiento de su actuar como auxiliar del Ejecutivo federal y en detrimento para proteger y garantizar los derechos humanos, colectivos y sociales de los núcleos y suje-tos agrarios”.
