Como en los tiempos de La guerra secreta en México, del gran historiador Friedrich Katz, el arresto y posterior liberación del general Salvador Cienfuegos puso al descubierto la presencia de agentes de diversas instituciones de Estados Unidos que realizan actividades de espionaje en México conjuntamente con otros problemas que vulneran nuestra soberanía. Como ha señalado en diversas publicaciones el investigador Juan Manuel Sandoval, los estrategas estadunidenses han pretendido, sobre todo a partir del levantamiento zapatista, una refuncionalización de las fuerzas armadas mexicanas, hacia tareas de seguridad interior como la lucha contra las drogas y diversas actividades contrainsurgentes.
El gobierno de EU ha buscado históricamente (desde la guerra fría) el desmantelamiento de las fuerzas armadas mexicanas como instituciones de defensa frente amenazas externas y su conversión en una especie de fuerza policiaca militarizada sometida a paradigmas de su país. La lucha hemisférica contra las drogas es, entre otras cosas, un ariete intervencionista que pretende extender extraterritorialmente los brazos de las instituciones estadunidenses en México y América Latina.
La Iniciativa Mérida, firmada durante la administración de Felipe Calderón, permitió al gobierno con sede en Washington asediar, influir, penetrar o de plano capturar muchas instancias cruciales en ámbitos de la seguridad nacional, la pública y la procuración de justicia, como planeación, presupuesto, doctrina, metodologías, capacitación, equipamiento, legislación, migración, manejo de fronteras, aduanas y gestión del tráfico aéreo.
La guerra contra las drogas auspició una intensa infiltración de las agencias de EU en diversas instancias y cuadros de las instituciones del Estado, las fuerzas armadas, el sistema de inteligencia de México y los sistemas de seguridad pública de los distintos niveles de gobierno. Aún falta hacer un balance sobre el grado de resistencia o aquiescencia en cada una de las instituciones ( vgr. Ejército, Marina, Fuerza Aérea, fiscalías, etcétera). La égida estadunidense promovió además un apelmazamiento entre seguridad nacional y seguridad pública; tareas que según nuestra Constitución son de naturaleza muy distinta y competen a instancias diferentes.
De acuerdo con Carlos A. Pérez Ricart, investigador del CIDE, una de las cuñas intervencionistas han sido las Unidades de Investigación Sensible (SIU) mediante la cuales la DEA financió, adoctrinó, entrenó y dirigió operativamente a fuerzas locales, en Colombia, Bolivia, Perú y México, conforme el canon de agentes antinarcóticos y sherifes estadunidenses. En los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (con matices mínimos) la DEA logró una colaboración muy intensa con la Marina Armada de México, adicionalmente se crearon dos oficinas Binacionales de Inteligencia, en la Ciudad de México y en Monterrey. La DEA, señala el investigador, mantiene oficinas (normalmente en los consulados estadunidenses) en Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Hermosillo, Monterrey, Matamoros, Mazatlán, Guadalajara, Mérida y la Ciudad de México.
La Iniciativa Mérida no ha quedado atrás. Sigue viva y activa. Según la embajada de EU en México, entre las muchas actividades desarrolladas en el contexto de la citada iniciativa se hallan las dos visitas a México de William Barr, fiscal general de EU, para coordinar tareas de seguridad; la instalación en agosto de 2019 del Grupo de Alto Nivel de Seguridad EU-México; la creación del Sistema de Seguridad e Inteligencia, en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León; la intervención de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley para acreditar a las agencias de seguridad de Hidalgo, los C4 de Chiapas y Veracruz, la Universidad Mexiquense de Seguridad del estado de México, la Policía Estatal Preventiva de Baja California y la Policía Estatal de Guanajuato.
El primero de diciembre de 2019, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en nuestro país, dijo que la relación entre México y EU “no es una típica relación internacional porque es muchísimo más íntima... es Intermestic, tiene que ver no sólo con política internacional, sino con la política doméstica de ambos países”.
Desde mi punto de vista, el citado concepto pretende justificar una visión, en la cual, lo que ocurre en territorio mexicano forma parte de los asuntos domésticos de EU. Intermestic es el nuevo rostro del intervencionismo estadunidense: un término que concibe muchos de los ámbitos pertenecientes a la soberanía mexicana, como asuntos que deben abordarse por instancias “binacionales” o mediante una “cooperación intensa”, como ha ocurrido con las políticas migratorias, la seguridad en los aeropuertos, la inspección de mercancías del T-MEC, la apertura de sectores productivos durante la pandemia, las reglas de inversión, la certificación de los métodos empleados en las prisiones y la presencia en territorio mexicano de agentes estadunidenses de inteligencia. El cambio societal que México requiere, necesita de una sociedad civil activa que reclame la restauración de la separación establecida en nuestra Constitución, entre seguridad nacional y seguridad pública, exija el cese de actividades ilegales de espionaje realizadas en México y recupere palmo a palmo nuestra soberanía.