Ciudad de México. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la que toma las decisiones “es una servidora”, enfatizó Rosario Piedra Ibarra, quien descalificó los rumores según los cuales la persona que realmente manda en el organismo autónomo es el secretario ejecutivo Francisco Estrada Correa, señalado por varios ex trabajadores como una persona “violenta y misógina”.

En entrevista con La Jornada, con motivo de su primer año de gestión, la ombudsperson defendió los que considera sus principales logros y detalló que entre sus mayores preocupaciones están la violencia de género –que ha aumentado en tiempos de pandemia–, las víctimas de desaparición y el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“Soy rehén de mis convicciones”

Desde su llegada a la CNDH, el 7 de noviembre de 2019, una de las críticas más frecuentes que se le ha dirigido a Piedra Ibarra es el rol que juega Estrada Correa y el supuesto hecho de que es él quien en realidad dirige la comisión.

Consultada sobre el tema, la funcionaria descalificó por completo esas versiones. “Es falso. Todo lo que se está diciendo (sobre ese tema) son infundios y calumnias, porque la presidenta de la comisión es una servidora.

“Soy rehén de mis ideales y convicciones y, cuando es así, no se puede escapar de ese compromiso […] Estoy al tanto de esto, nadie más toma las decisiones. Obviamente, me reúno con mi personal, con los directores, el secretario ejecutivo y todos aquellos que tengan que ver con tal o cual decisión. Pido opiniones, orientación, pero la decisión última, la toma una servidora”, recalcó. Con respecto a los juicios personales que le han dirigido varias ex trabajadoras del organismo –entre ellas Alejandra Ezeta y Beatriz Barros, ex directoras generales de Comunicación, quienes señalaron a Estrada como el responsable de sus salidas–, Piedra nuevamente defendió a su colaborador.

“Se han ido algunos inconformes, a lo mejor porque pensaban que aquí era un lugar en donde el trabajo iba a ser más laxo. Aquí pueden llegar muy buenos profesionistas, pero no basta con serlo: hay que comprometerse con este trabajo arduo y difícil. Creo que a eso se deben esos comentarios desafortunados, pero falsos.”

Amparo de militares

Otro de los temas que en días recientes despertó la inquietud de organismos civiles y especialistas fue el de los amparos que jueces federales le otorgaron a dos militares presuntamente involucrados en la ejecución extrajudicial de nueve personas en Tamaulipas, en 2016.

Como se recordará, la CNDH emitió la Recomendación 37/2020 sobre este caso y, en opinión de diversos colectivos, los amparos pretenden anular dicha observación y podrían sentar un precedente negativo que cuestionaría la imposibilidad de inconformarse ante los señalamientos del órgano autónomo.

Al respecto, Piedra Ibarra estimó que la información sobre el tema “no ha sido clara”, pues los amparos únicamente tendrían el efecto de evitar que los dos militares acusados tengan dicho antecedente en sus registros profesionales, sin que las propias observaciones corran el riesgo de ser ignoradas.

“Todo está muy bien fundamentado y la Secretaría de la Defensa Nacional aceptó la recomendación. No puso objeción porque las pruebas eran irrefutables, y los elementos castrenses tienen todo el derecho, como cualquier ciudadano, a utilizar cualquier recurso para decir que son inocentes, pero la comisión está segura de lo que hizo.”

–¿No lo ve como un eventual reto a la CNDH?

–No, no, al contrario. Ahí es la institución la que tiene que responder.

Preocupa violencia de género

Piedra Ibarra consideró que entre los logros de su gestión se encuentran el rediseño del presupuesto, para dedicarle más fondos a las “áreas sustantivas, como la emisión de 70 recomendaciones, de las cuales 55 ya han sido aceptadas por las autoridades y evitar que se dilapide el erario en el pago de sueldos para altos funcionarios”.

Sin embargo, aceptó estar preocupada por la violencia de género e intrafamiliar, la cual ha crecido más durante la pandemia de Covid-19, motivo por el cual el organismo autónomo emitió el pasado 30 de noviembre la Recomendación General 43/2020, donde señala que las estrategias de todos los niveles de gobierno contra este fenómeno han sido “insuficientes”.

Una muestra del hartazgo ante la violencia, admitió, fue la toma de la sede de la CNDH, ubicada en el Centro Histórico capitalino, con cuyas ocupantes ha avanzado el proceso de diálogo luego de que quedara establecido que la comisión sólo tiene la labor de acompañar a las víctimas, pero no es el órgano jurisdiccional que resuelve sus demandas.

“De la sede de la calle República de Cuba, ya se salieron la mayoría de los colectivos (feministas que la ocuparon desde principios de septiembre). Hay unas cuantas personas ahí, tengo entendido que son menos de 10, y también con ellas estamos dispuestos a dialogar para ver en qué podemos cumplirles”, apuntó.

La funcionaria subrayó el compromiso de la CNDH con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y señaló que, “si ellos nos quieren marcar la pauta, tenemos que responder, siempre y cuando lo que nos digan sea comprobable”.