En abril de 2018, publiqué un artículo titulado “El proyecto Chemours Laguna y los gobiernos de traición nacional”, ( La Jornada, 6/4/18), en el que me sumé a la denuncia del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, Acción Colectiva y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) en contra de la empresa estadunidense The Chermours Company, que ha buscado instalar, desde 2016, una planta química para producir 65 mil toneladas de cianuro de sodio anualmente, en Durango, después de que en Guanajuato encontró la férrea resistencia, primero en Salamanca, por parte del Observatorio Ambiental Ciudadano Biósfera y, posteriormente, en San Luis de la Paz, al norte de la entidad, por la Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano.
Ya en Durango, se inició una encarnizada batalla legal y política contra esta corporación de muerte, protagonizada por la resistencia ciudadana y, particularmente, por los pueblos en el entorno de la fábrica en construcción, a partir de que un grupo de moradores de las comunidades afectadas demandara, el 22 de agosto de 2017, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la nulidad de la autorización de impacto ambiental al proyecto Chemours Laguna, otorgada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, el 8 de mayo de ese año, en un proceso plagado de una serie de irregularidades, para ubicarse en la localidad El Siete Pueblo Nuevo, del municipio de Gómez Palacio, en una superficie total de 11.7 hectáreas.
Cabe recordar que el 9 de marzo de 2018, la entonces alcaldesa de Gómez Palacio, la priísta Juana Leticia Herrera Ale, y el gobernador panista José Rosas Aispuro, ordenaron reprimir violentamente la manifestación pacífica de pobladores contra la planta química, con numerosos heridos, presos y allanamientos de domicilios, exhibiendo su papel como protectores incondicionales de las empresas extranjeras frente a las oposiciones de pueblos y ciudadanos. Precisamente, estas inclinaciones en favor del interés corporativo caracterizan a los gobiernos de traición nacional, que otorgan concesiones para el usufructo trasnacional, sin importarles los daños ambientales, humanos y sociales que esta política colaboracionista conlleva, conjuntamente con la utilización de la violencia del Estado, incluyendo la paramilitar y las bandas criminales, para reprimir toda resistencia a este proceso de recolonización de los territorios.
Luego de tres años de litigio llevado a cabo por las comunidades afectadas, con el acompañamiento de Rema y Acción Colectiva, el pleno jurisdiccional de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dictó sentencia, en la que, por unanimidad en la votación, y con el análisis de sólo uno de los 10 conceptos de impugnación consignados en la demanda, declaró la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental del Proyecto Chemours Laguna.
Para los demandantes, las comunidades de La Laguna, este resolutivo ha sido recibido con gran beneplácito y alegría, pues hay conciencia generalizada de lo que significa el cianuro de sodio, uno de los venenos más potentes del mundo, que genera daños irreversibles a la salud y en el medio ambiente, por lo que se plantearon, desde el inicio de su lucha, que esa empresa depredadora de sus bienes naturales tendría que salir de su territorio. No obstante, han decidido mantener los campamentos que bloquean el acceso a la planta, “hasta que no salga el último tornillo de Chemours de la Comarca Lagunera”.
Para Rema y Acción Colectiva, la sentencia confirma lo que ambas organizaciones sostenían desde el inicio del proceso legal: que el proyecto no debió ser autorizado y que se incurre en negligencia criminal cuando las secretarías de Estado, por omisión o comisión, otorgan permisos sin tomar en cuenta los visibles daños al entorno humano y natural que estos proyectos letales ocasionan. Pero van más allá: consideran que evitar la producción de cianuro en México es un triunfo también para las resistencias antimineras de toda la República, tomando en cuenta que el cianuro de sodio es uno de los químicos más utilizados en los procesos de lixiviación de metales extraídos con la técnica a cielo abierto. Jurídicamente, la empresa tiene muy pocas opciones de recuperar las autorizaciones federales y municipales con las que contó en el pasado.
En el actual panorama político de la entidad, el gobernador Aispuro, uno de los más fervientes apoyadores de la empresa estadunidense, ha quedado aislado, y aparece, lamentablemente, como el único aliado ostensible que aún conserva la compañía, pues el resto de los actores políticos de La Laguna parece que han optado por retirar su respaldo, al menos público, a la inversión de Chermours.
¡Todo el apoyo al Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio!
