La Fiscalía General de Justicia de Veracruz reabrirá el caso de Ernestina Ascencio Rosario hasta agotar todas las líneas de investigación, anunció Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con los familiares, la indígena náhuatl de 73 años de edad fue violada el 25 de enero de 2007 por militares en la sierra de Zongolica.

Sin embargo, las cuatro organizaciones que llevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazaron la propuesta del funcionario para que la fiscalía veracruzan reabra el asunto, pues es una de las presuntas responsables de las violaciones denunciadas ante el organismo multilteral. En su momento, esa dependencia local “no garantizó una investigación imparcial, seria, profesional y efectiva”, subrayaron.

Encinas Rodríguez afirmó que para el gobierno “es inaceptable” sostener que falleció, “en palabras de Felipe Calderón, de gastritis crónica”, como señaló en una entrevista con este diario, a partir del informe, en su momento, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Recordó que personal ginecológico del hospital de Ciudad Mendoza “encontró presencia de lesiones correlativas con violación vaginal y anal”, versión que “fue confirmada” por la Procuraduría General de Justicia de la entidad de ese entonces.

En conferencia, aseguró que lo asumido el pasado viernes ante la comisión interamericana, con base en aquel informe de la CNDH –sin mencionar al fiscal coordinador especializado en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos de Veracruz, Hernán Cortés Hernández–, “no representa la posición del Estado mexicano, las políticas en materia de protección y garantía de los derechos humanos, ni las instrucciones del Presidente de la República para atender estos asuntos”.

A través de un posicionamiento público, la coordinadora nacional de Mujeres Indígenas, Kalli Luz Marina, Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos y el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara dieron la bienvenida a la reconsideración que hizo el gobierno de López Obrador en torno al caso, pero no en los términos en los que fue hecha.

Las organizaciones argumentaron que la fiscalía de esa entidad está descalificada para reabrir el caso, “porque es una de las presuntas responsables de las violaciones denunciadas ante la CIDH”, razón por la cual pidieron que se lleve a cabo una investigación independiente.

Entrega de informe

Aun cuando en los pasados dos años se ha avanzado de manera significativa en materia del respeto a los derechos humanos, todavía “falta mucho para salir de la grave crisis”, la que heredó este gobierno y la que ahora nos toca también atender, admitió Encinas Rodríguez.

Al rendir un informe por su segundo año al frente de la subsecretaria de Derechos Humanos, el funcionario federal dio a conocer que en el último año se redujo en 21.6 por ciento el número de denuncias por desaparición forzada, además de que la letalidad en los actos donde participan las fuerzas de seguridad disminuyó 43 por ciento en los pasados dos años, y más de 60 por ciento respecto a los años más álgidos de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Con información de Alma E. Muñoz, Alonso Urrutia, José Antonio Román y Eirinet Gómez, corresponsal