Al congratularse por la aprobación de la minuta de ley general de educación superior en el Senado, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) reconoció que en la legislación se incluyeron muchos puntos presentados por las universidades, como el tema del necesario financiamiento.
Entre otros puntos, la nueva legislación obliga al Estado mexicano a garantizar el derecho gratuito de todos a la instrucción universitaria, lo que se concretará a partir de 2022 y será de forma gradual.
Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Anuies, indicó que la ley será un instrumento fundamental para cumplir los principios de inclusión y equidad que tanto se requieren en este nivel educativo en el país.
Consideró, que la norma brindará mayor articulación a la instrucción universitaria. “El país contará con una herramienta invaluable para el bienestar de los mexicanos. En esa tarea, dispondrá del decidido apoyo de la Anuies”.
En tanto, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, señaló en Twitter que “se ha dado un paso fundamental en la transformación de la educación superior en México con la aprobación de la ley”.
En tanto, investigadores universitarios han señalado que uno de los principales logros de la propuesta normativa es su carácter federalista. “Esta condición sobresale en tres aspectos cruciales: el reconocimiento formal de los sistemas estatales de educación superior, la distribución de competencias entre los ámbitos territoriales de gobierno y la disposición para revitalizar las comisiones estatales para la Planeación de la Educación Superior”, de acuerdo con Roberto Rodríguez, académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
Un artículo publicado por la Unión de Universidades de América Latina y El Carbie, señala que la norma abre oportunidades renovadas para que las entidades federativas tomen mayor control de los conglomerados institucionales que tienen presencia en el ámbito estatal. Agrega que en el balance de pros y contras del anteproyecto, conviene llamar la atención sobre varias insuficiencias, entre las que sobresale la escasa atención prestada a la aplicación de medios para la participación social en el ámbito de ese nivel de enseñanza.
