La Cámara de Diputados reconoció que avaló la convocatoria para la consulta popular de 2021 (que preguntará a los mexicanos si están de acuerdo en investigar a los ex presidentes) a partir de la ley federal en vigor sin haber aprobado antes la norma reglamentaria del artículo 35 constitucional que se modificó el año pasado.
De esta manera, ayer corrigió y votó el marco que actualiza, por ejemplo, la fecha de la consulta a la primera semana de agosto, el carácter anual del proceso –no trianual, como prevé la ley actual– y acota que estos sondeos a los ciudadanos no se aplicarán sobre la permanencia de funcionarios en cargos de elección popular ni para preguntar si se cancelan obras públicas en desarrollo.
Este ejercicio “ha iniciado bajo el texto constitucional; sin embargo, se han suscitado trabas por las contradicciones que prexisten en la legislación vigente, que ni siquiera ha desindexado la jornada electoral de la de consulta popular, por lo que todo acto enfocado a promover la segunda puede ser considerado proselitismo”, señala el dictamen aprobado por 388 votos.
En la reforma a la Ley Federal de Consulta Popular, que se turnó al Senado, también se incluyeron las consultas regionales, así como el voto electrónico.
Al explicar el alcance de los cambios, la diputada Julieta Macías Rábago (MC), explicó que no sólo era necesario armonizar la Ley Federal de Consulta Popular con la reforma constitucional de 2019, sino acotar que este instrumento “no vea pervertida su naturaleza al ser mal empleada como mecanismo de simulación para incidir ilegalmente en los procesos electorales”.
Usos indebidos
También se elimina “otro de los usos indebidos que la presente administración le dio a los procesos de consulta popular, al impedir que sea utilizada para validar las decisiones de interrumpir obras de infraestructura”.
La mayoría rechazó una reserva de Enrique Ochoa Reza (Partido Revolucionario Institucional), que proponía no incluir como opción de voto la abstención, al considerar que la consulta a la ciudadanía debe hacerse sencilla, esto es, prever sólo los votos en favor o en contra y los nulos. “Como está la consulta, hay tres opciones negativas y una sola positiva”, argumentó.
El dictamen explica que la reforma se aprobó también para no permitir que sea el Instituto Nacional Electoral el que determine las características del proceso.
Además, se precisó que la fecha de la consulta será en agosto de cada año y no el mismo día de la elección, a fin de evitar que cualquier acto enfocado a promover el ejercicio ciudadano pudiera ser considerado proselitismo, y se precisó que el gobierno federal podrá realizar propaganda dirigida a proporcionar información de servicios educativos, salud o protección civil.
