En el 72 aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 47 años de la derrota de la dictadura en Argentina, el embajador de ese país sudamericano, Carlos Tomada, sostuvo que uno de los grandes desafíos para fortalecer estas garantías –que lejos de ser “una cuestión del pasado es de gran actualidad”– en las naciones es la pandemia de Covid-19, que exige a los gobiernos “luchar por el derecho a la vida y el acceso a la salud de los más necesitados”.
Para conmemorar estas dos fechas, la misión diplomática argentina organizó de manera virtual un conversatorio con el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Maximiliano Reyes, y Natalia Saltalamacchia, internacionalista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
El subsecretario para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, programado inicialmente, no participó. Sin embargo, en las intervenciones destacó un tema de su ámbito, ya que tanto el embajador Tomada como la catedrática del ITAM destacaron el papel del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Si bien en el pasado los argentinos recurrieron y obtuvieron la solidaridad de México, ahora los mexicanos recurren a este equipo argentino.
El diplomático reconoció y agradeció a la EAAF su “rol fundamental” de colaboración con México. Y Saltalamacchia subrayó este trabajo como una de las prominentes líneas de colaboración que existen en la relación bilateral: “Como perito en las investigaciones de la desaparición forzada de 43 estudiantes, el EAAF permitió desechar la supuesta verdad histórica del gobierno anterior. Y ahora, en colaboración con la Comisión de la Verdad, sigue trabajando por el esclarecimiento de este caso”.
El subsecretario Reyes recordó que entre 1974 y 1983, los años más cruentos de la dictadura, la embajada de México en Buenos Aires concedió asilo a cerca de 6 mil 400 perseguidos. Sumados a otros refugiados que arribaron al país por otras vías, llegaron a ser entre 7 mil y 10 mil.
El embajador argentino recordó que a partir de 2003, a poco de asumir la presidencia Néstor Kirchner, “se removieron todos los obstáculos legales para sancionar a los responsables de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos”. A partir de 2005 se abrieron en tribunales del orden común cientos de expedientes penales. Hoy más de 900 personas han sido condenadas y más de 600 siguen procesadas.
“En los pasados 37 años ha sido necesario estar luchando permanentemente por las ideas de memoria, verdad y justicia. Lo que permitió a Argentina desarrollar esta idea progresista de los derechos humanos ha sido sin duda la reivindicación de la no impunidad por los crímenes del terrorismo de Estado.”
Admitió, sin embargo, que a pesar de los avances “también hubo retrocesos” en la persecución penal de los perpetradores, como la ley de la impunidad, los indultos o los diversos negacionismos que continúan.
