La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, pondrá pie hoy en el sitio más emblemático de la represión salvaje (desaparición, tortura y asesinato, entre otros) que en décadas anteriores se practicó desde el Estado contra disidentes, sobre todo en agravio de quienes hubieran optado por la vía armada. Piedra, acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, visitará el antaño tan temible Campo Militar número uno con el fin de conocer la situación de más de 200 miembros de las fuerzas armadas que están en prisión y en una situación de injusticia u opacidad.
El simple hecho de abrir esas puertas a la ombudsperson, hija de la histórica buscadora de presos, perseguidos y desaparecidos políticos, Rosario Ibarra de Piedra, tiene un significado que se redondeará si se pone atención a esos casos que forman parte de una lucha reivindicativa en la que ha destacado el general José Francisco Gallardo Rodríguez, encarcelado nueve años por proponer un ombudsman militar.
La visita de hoy al campo militar mencionado tiene como antecedente otra batalla reivindicativa, la del abogado César Gutiérrez Priego, hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue sentenciado a décadas de prisión bajo acusaciones relacionadas con el crimen organizado, señalamientos que jurídicamente fueron desechados. Gutiérrez Priego hizo saber al Presidente de México la situación de 233 militares presos, entre los cuales hay notables casos de autoinculpados luego de tortura y de encarcelados que ya cumplieron sus sentencias.
En 2006, el entonces reportero Jesús Ramírez Cuevas escribía en La Jornada sobre el emblemático Campo Militar número uno, “donde fueron a dar 700 presos de 1968 y muchos más en años posteriores. Existen varios testimonios de personas hoy reportadas como desaparecidas que fueron vistas por última vez en esas instalaciones. Según testigos, en ese lugar había dos secciones con celdas para presos políticos. Una contaba con 80 cuartos a nivel del suelo. La seguridad estaba a cargo del Segundo Regimiento de Artillería y bajo el control de la Policía Judicial Militar Federal.
Arturo Miranda Ramírez, quien permaneció dos semanas en esos separos, en octubre de 1978, fue sometido a intensos interrogatorios. Miranda cuenta que cuando terminaba una sesión de tortura, seguía otra “y se escuchaban los gritos de dolor de los otros”. En una ocasión, después del interrogatorio respectivo, se dio cuenta de que llevaban a un estudiante de la Universidad de Nayarit que se les murió durante el martirio físico. “Uno de los torturadores le dijo al otro: ‘oye, creo que este cabrón se nos quedó’. Le dieron una patada y no se movió. Entonces el jefe le dijo: ‘No aguantó este pendejo. Llévatelo al horno crematorio’”. (https://bit.ly/3n8MMAt)
El Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional han convocado a su quinta asamblea nacional, a realizarse del 23 al 24 de enero del año en puerta, en un ejido de Tepoztlán, Morelos, (https://bit.ly/2JMBzXY). En esencia, se busca dar curso a la cantada oposición de la porción mayoritaria y más organizada de la izquierda social frente a la izquierda electoral llegada al poder federal por la vía de Morena.
En la convocatoria se habla de la lucha y resistencia en contra de “megaproyectos de muerte a los que llaman Corredor Interoceánico en los estados de Oaxaca y Veracruz, Proyecto Integral Morelos en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Tren Maya en los estados del sureste mexicano, o Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el centro del país; la implementación de un conjunto depolíticas y mecanismos para la continuación del ‘libre comercio’ subordinado a Estados Unidos y Canadá y para contener la migración y la suplantación de las autoridades tradicionales y la realización de consultas indígenas simuladas. Son políticas y megaproyectos impulsados por el gobierno neoliberal de la Cuarta Transformación”. ¡Hasta el próximo lunes!
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