Cuernavaca, Mor., Alrededor de 400 trabajadores del municipio de Puente de Ixtla bloquearon ayer por tres horas la Autopista del Sol para solicitar al gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, la entrega de 200 millones de pesos a fin de que puedan cobrar sus salarios, los cuales no reciben desde hace un mes, y para que operen los servicios públicos en beneficio de 50 mil habitantes.

El bloqueo se inició a las 8:30 horas en ambos sentidos y también lo instalaron en la avenida Plan de Ayala en demanda de audiencia con la Secretaría de Hacienda estatal para que apoye financieramente al municipio, explicó Alejandro Fitz Zagal, director de cultura.

Expuso que el 3 de diciembre el alcalde morenista Mario Ocampo declaró al ayuntamiento en quiebra y aseguró que no tiene para pagar los salarios de este mes ni los aguinaldos, tampoco para que operen las unidades recolectoras de basura, el alumbrado público, el servicio de agua potable, seguridad pública y protección civil.

“Estamos en quiebra total. Al saber que no hay ni para los servicios municipales, hemos aguantado quincenas sin cobrar, pero si no nos apoyan el municipio va colapsar”, expuso.

La protesta, con todo y camiones recolectores de basura, se trasladó al Congreso estatal, en Cuernavaca, para buscar que los diputados intercedan ante las autoridades federales y estatales para que ayuden a los empleados públicos y habitantes de Puente de Ixtla.

Antes de reunirse con diputados el alcalde confirmó que el ayuntamiento canceló los servicios. “Ya no tenemos la posibilidad de prestarlos al no haber recursos”.

La semana pasada Ocampo dijo que el municipio estaba quebrado por las millonarias deudas que heredó el gobierno perredista anterior, que firmó un contrato “leonino” de alumbrado público por 420 millones de pesos a pagar en 20 años, cuando el presupuesto anual para el ayuntamiento es de 143 millones de pesos.

Además, de esos 143 millones, 78 son recursos etiquetados y “no los puedo tocar para el funcionamiento del gobierno”, y los 65 millones restantes, aseguró, son para pagar un préstamo a largo plazo que solicitó la ex edil perredista Dulce Medina, con el aval de la pasada legislatura local.

En 2017, según Ocampo, se contrató “de manera irresponsable una deuda de 65 millones de pesos. De puros intereses vamos a pagar 150 millones”. Explicó que requiere por lo menos 11 millones de pesos sólo para cerrar este año, y “el siguiente será igual o peor”.