Para enfrentar los múltiples problemas que aquejan a México, una de las posibles alternativas es que el gobierno del país solicite la ayuda de organismos internacionales, pero muchas autoridades aún tienen una “visión trasnochada” en la cual se percibe a estas entidades como un elemento de “censura”, en vez de como una ayuda para cumplir con sus metas.

Así lo advirtió Guillermo Fernández-Maldonado, quien desde hace poco más de dos meses se desempeña como el nuevo representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

En entrevista exclusiva con La Jornada, el abogado peruano hizo un recuento de algunos de los temas más acuciantes de la agenda de derechos humanos en el país, al tiempo que advirtió que la militarización de la vida pública es un recurso “contraproducente” que no ayuda a mejorar la seguridad, y por ende debe contar con controles políticos y mecanismos de rendición de cuentas.

Periodistas y defensores, un sector prioritario

Luego de su designación en el cargo, realizada apenas el 21 de septiembre de este año, Fernández-Maldonado sigue en el proceso de familiarizarse con lo que ocurre en México, pero ya identifica con claridad que entre los puntos más preocupantes de la realidad nacional está el de las desapariciones –con los “datos espeluznantes” de casi 80 mil víctimas documentadas--, el rezago en la identificación forense, el desplazamiento forzado interno y la violencia de género.

Con respecto al tema de las desapariciones, subrayó que aunque el desafío es muy grande, el gobierno del país dio una “clara muestra de voluntad política” al reconocer la facultad del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) para recibir quejas individuales.

Otro aspecto especialmente importante, señaló, es el de las agresiones contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, quienes “ponen el dedo en la llaga en temas graves y están recibiendo golpes duros porque afectan intereses muy poderosos”.

Tanto comunicadores como activistas, recalcó, “enfrentan en México desprestigio, criminalización, amenazas y agresiones de todo tipo, que alcanzan hasta los asesinatos y desapariciones, y cuando enfrentan eso, toda la sociedad pierde”, por lo que es esencial que se destinen los recursos suficientes para protegerlos.

Ante dicho escenario, México podría echar mano de la ayuda de organismos internacionales, pero “sabemos que hay resistencias dentro de sectores del Estado por una visión trasnochada” que concibe a estas instituciones como elementos de “fiscalización y censura”, y no como asesores técnicos para avanzar con sus obligaciones y retos.

"El gobierno podría decir ‘tengo voluntad política y quiero resolver mis problemas conforme a los estándares internacionales. Dígame cómo puedo hacerlo’. Pero hay que cambiar el chip de muchas autoridades, de funcionarios y de la gente.

— ¿Hay sectores te siguen viéndolo como una injerencia?

— En términos generales, hay mucho desconocimiento de lo que es el derecho internacional público, las organizaciones internacionales. Temas como la migración y la propia pandemia, ¿quién los va a solucionar unilateralmente? Son problemas regionales o internacionales que requiere el apoyo y el diálogo de todos los sectores.

La “tentación de militarizar”

Dicha falta de cercanía o conocimiento, señaló, hace que muchos servidores públicos “se muevan sobre la base de prejuicios. Si los funcionarios no están formados en derechos humanos, en género, en interculturalidad, entonces es un terreno extraño en el cual uno sale de los espacios de confort y que lo ve como peligroso”.

El experto en leyes y administración pública –con experiencia previa en naciones como Colombia, Ecuador, Guatemala y Afganistán—alertó también sobre los peligros de ceder a la “tentación de militarizar” la vida pública de un país y asignarle cada vez más tareas a las Fuerzas Armadas, con el argumento de es la mejor opción porque los recursos son limitados.

“Varios países están recurriendo al Ejército para la logística de distribución de las vacunas, por ejemplo. Por la emergencia, se entiende pero para tareas más largas, es más complicado […] Tenemos decenas de casos en los cuales se ve que es contraproducente. No sólo no está alineado con los estándares internacionales, sino que no se logra los objetivos que se desean”, alertó.

En el caso de la Guardia Nacional, en México, señaló, “uno de los temas centrales que es que efectivamente sea un cuerpo civil, no militar”, aunque en este momento buena parte de sus elementos sea de origen castrense.

“Vamos a ver cómo evoluciona, pero lo fundamental es el desempeño. Tiene que seguir pautas de policía civil. Si se asignan otras tareas del Ejército, también tiene que haber un control político y rendición de cuentas”.

La pandemia debe ser oportunidad para un cambio de rumbo

Para Fernández-Maldonado, el análisis de prácticamente cualquier tema --incluido el de los derechos humanos—está determinado hoy por la pandemia de Covid-19, que está teniendo consecuencias desastrosas, pero también puede ser vista como un momento de quiebre para modificar la inercia negativa que existía desde antes de la emergencia.

El virus, lamentó, va a provocar 15 años de retrocesos en materia de combate a la pobreza, según estudios de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), pero esta crisis puede ser también una “ventana de oportunidad”.

El experto enfatizó: “No podemos regresar a lo mismo. No podemos seguir con el mismo sistema económico que ha producido las desigualdades; tenemos que ir hacia un sistema mucho más sostenible social y ambientalmente, mucho más inclusivo, con enfoque de derechos humanos y de género.

“Tenemos que tomar las lecciones aprendidas para regresar hacia un mejor futuro. Es inevitable que haya una reflexión colectiva de si como planeta vamos por la ruta correcta, porque ésta no va ser la última pandemia”.