Ciudad de México. En lo que definió como “un acto de conciliación”, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer un acuerdo con representantes empresariales y dirigentes obreros con el propósito de solicitar al Poder Legislativo que posponga para febrero la discusión sobre la iniciativa de reforma para regular la subcontratación, con el fin de enriquecerla, porque “no se puede imponer nada”.

Ayer agradeció la presencia de representantes de ambos sectores en Palacio Nacional para suscribir el documento de cuatro puntos, por el cual convinieron en resolver el abuso del outsourcing, que la iniciativa privada empiece la regulación de sus plantillas laborales y evite prácticas irregulares, como el despido masivo de trabajadores en este mes con la finalidad de no pagar aguinaldos. Ante la posible comisión de delitos, se acordó proceder de inmediato administrativa o penalmente.

Ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, los empresarios solicitaron ampliar el diálogo y dar inicio a un “proceso de consulta” sobre el esquema de reparto de utilidades, sin ponerlo en riesgo.

El jefe del Ejecutivo federal subrayó que los empresarios “no están defendiendo a quienes hacen mal uso de la subcontratación, que afecta a los trabajadores” y a la hacienda pública. “Están por que se resuelva este asunto, que se fue creando por la práctica ilegal, inmoral, de despedir a trabajadores y no reconocerles sus prestaciones, sobre todo en fin de año”.

Carlos Aceves, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), resaltó que todo el sector obrero avaló el convenio, y aunque planteó que “no hay piedras en el camino” para lograr un consenso, pidió a los empresarios anteponer los acuerdos.

Carlos Salazar, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que así como privilegian el diálogo, “siempre estaremos en contra de cualquier acción que afecte a los trabajadores.

“Tenemos que celebrar, antes de que lleguen los días de Navidad, que podemos estar sentados en una mesa de diálogo, junto con representantes obreros y autoridad”, porque estábamos en una situación que “aparentaba” que iba dejar “al trabajador o al empresario a disgusto con la conclusión”.

Afirmó que con la decisión asumida se entenderán mejor las consecuencias de la iniciativa de reforma y habrá tiempo para “adaptar a las empresas de una manera adecuada y también a los trabajadores en cuanto al tipo de nóminas que van a buscar”.

El acuerdo tripartita establece el compromiso de resolver el “problema del abuso de la subcontratación de personal”, someter a discusión el esquema del reparto de utilidades para “definir un sistema justo, equitativo y evitar discrecionalidad en su pago”. Se acordó presentar la iniciativa que resulte del diálogo como preferente, con la petición de que se apruebe en un plazo no mayor a 30 días.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Infonavit y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llamarán a las empresas “que manejan nóminas” a que en lo inmediato dejen de desarrollar prácticas “perjudiciales para los trabajadores, como darlos de baja de manera masiva en diciembre”.

El acuerdo fue signado por 10 líderes obreros, encabezados por la CTM, y por el sector empresarial, los dirigentes del CCE, Concamin, Concanaco-Servytur, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Consejo Mexicano de Negocios, Canaco, Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles y la ANTAD.

Por parte del gobierno también firmaron los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera, y del Trabajo, Luisa María Alcalde; los directores del IMSS, Zoé Robledo, y del Infonavit, Carlos Martínez; la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, y el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero.