A Alejandro Gertz Manero y a Palacio Nacional les ha convenido moverse entre dos aguas en el caso de la Fiscalía General de la República (FGR), que en términos teóricos es un “órgano público autónomo”, pero, en los hechos, practica un acompasamiento con los intereses de la cúpula del grupo en el poder federal, pues aprieta en ciertos casos y muestra desidia en otros, dejando siempre políticamente a salvo al Presidente de la República, que lo mismo devela y califica temas propios de la FGR que la apura a tener más rapidez y mejores resultados en ciertos expedientes.

Un fiscal “nini”, pues ni es autónomo ni es abiertamente dependiente de la silla presidencial. No podría ser de otra manera, pues Gertz Manero, quien cumplió 81 años de edad el último día del pasado octubre, es una hechura del sistema político tradicional de México. Ya en 1976 era coordinador general de la Operación Cóndor, un operativo impulsado por Estados Unidos para el combate del cultivo de mariguana y amapola (o adormidera) en territorio mexicano, con represión, terrorismo de Estado y mucho revuelo mediático y estadístico para aparentar que triunfaba esa “guerra”.

Gertz Manero fue secretario de seguridad pública en la Ciudad de México durante las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas y de su sustituta, Rosario Robles Berlanga. Con Vicente Fox tuvo el mismo cargo, pero a nivel federal. Fue diputado federal por la vía plurinominal a nombre del partido Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano. Y del 1º de diciembre de 2018 al 18 de enero de 2019 asumió, por designación del presidente López Obrador, la titularidad de la Procuraduría General de la República, como preámbulo, obligado por los tiempos legales, para pasar a la “autónoma” FGR, cargo que deberá cumplir durante nueve años, hasta 2027.

La marcada reticencia del fiscal “nini” a enfrentar con vigor y eficacia los muchos asuntos pendientes está de manifiesto en la pretensión de que en la nueva ley orgánica de esa fiscalía se omitan obligaciones y compromisos en cuanto a personas desaparecidas (uno de los temas más demandantes de recursos y atención de la administración federal) y, también, que se elimine la supervisión y participación ciudadana.

Varias Organizaciones No gubernamentales han expresado su rechazo a esa reforma (que ayer no fue votada en el Poder Legislativo, como se había considerado), al igual que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB), de la Secretaría de Gobernación (y el propio subsecretario Alejandro Encinas); esta comisión en un texto inusualmente duro respecto a la modificación legal presentada por Morena conforme a lo deseado por la FGR (https://bit.ly/3gtIcKC).

También desde uno de los flancos del obradorismo (integrado por miembros de la corriente política Democracia Deliberada), el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, quien fue subsecretario de Hacienda a inicios del sexenio en curso, hizo observaciones críticas, mediante un tuit, a una resolución legislativa operada por Ricardo Monreal: “Lamentable que se hayan aprobado en el Senado reformas a la Ley del Banco de México que ponen en riesgo las reservas internacionales y que atentan contra la autonomía del Banco de México. Espero que en la Cámara de Diputados se corrija esta situación”.

Por su parte, explicó Monreal que con esas reformas se facilitará el “repatriar los dólares, que son una moneda de origen, a Estados Unidos y que el Banco de México pueda, potestativamente, incorporar los dólares como reserva nacional o internacional de México (...) No hay ninguna agresión a la autonomía ni tampoco temor o peligro de que se filtre lavado de dinero”.

Y, mientras las cúpulas empresariales (jugando al policía bueno y al policía malo) hicieron posponer hasta febrero la votación en el Congreso sobre la propuesta presidencial regulatoria del mecanismo de subcontratación o tercerización llamado outsourcing, ¡hasta mañana!

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