Morelia, Mich., En ocho años de cultivo de arándanos y fresas, la empresa estadunidense Agrícola Superior de Jacona, con sede en San Antonio, Texas, ha contaminado y degradado las 159 hectáreas que un grupo de comuneros purépechas le rentó en la Cañada de los Once Pueblos.

A cambio de un pago anual de 9 mil pesos y un salario de 180 pesos diarios, los propietarios se convirtieron en jornaleros en sus propias parcelas, sin prestaciones ni seguridad social, denunció el jefe de tenencia de Santo Tomás, municipio de Chilchota, Wilfrido Huerta Trinidad.

Recordó que a mediados de 2012 los comuneros decidieron en asamblea rentar sus tierras durante 10 años a cambio de empleos bien pagados. Los empresarios aceptaron y además se comprometieron a realizar obras de carácter social.

“Acordamos que la empresa realizaría una obra de 80 mil pesos al año, además de construir una barda que delimitara con la comunidad de Zopoco, así como la electrificación de la localidad de Hoyos y la excavación de pozos profundos. Sólo cumplieron con la renta anual”, aseguró

Aún más, los ejecutivos de la compañía invadieron terrenos, instalaron tuberías, talaron pinos y cazaban venados, “práctica que no tenemos en la zona”. En noviembre de 2018 los comuneros emplazaron a la empresa y, como no cumplieron los compromisos, “los expulsamos de nuestras tierras”.

En lo laboral tampoco hubo beneficios: trajeron gente de otros poblados y eran pocos los jornaleros de Santo Tomás que tenían trabajo. Pagaban 180 pesos diarios cuando en Tangancícuaro ofrecían 220 y dinero para pasajes. Si alguien faltaba por enfermedad, lo despedían.

Lo peor, añadieron, fue cuando trajeron panales. “Las abejas eran agresivas y mataron a un leñador de Acachuén, a su burro y dos perros. Después sus veladores asesinaron a un compañero y lesionaron a otro porque pasaron cerca de las tierras que les estábamos rentando”.

En abril de 2019 se fue la empresa agrícola, pero dejó un basurero y contaminado el río Duero. “Continúa con la misma práctica en comunidades vecinas. Hay quienes, por necesidad, aceptan esas condiciones tan injustas, y aunque acudimos al gobierno a que nos ayudara, nunca nos hizo caso”.

El coordinador del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Pável Guzmán, señaló que en comunidades de Tacuro, Carapan y en el municipio de Tangancícuaro varias empresas rentan terrenos para cultivo. Las condiciones laborales son casi las mismas, pero la pobreza obliga a los comuneros a rentar sus parcelas y a trabajar con salarios bajos y sin prestaciones de ley.

Ha habido protestas, pero hasta ahora sólo Santo Tomás ha expulsado de sus tierras a estas empresas exportadoras. A los comuneros “no les queda de otra porque no hay apoyo del gobierno para el campo indígena. Se están convirtiendo en esclavos de sus propias tierras”.