Como parte de los argumentos presentados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) al equipo negociador del gobierno federal, y que llevaron al acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a posponer para febrero el debate de la reforma en materia de outsourcing que impulsó el Ejecutivo Federal, este sector justificó que los despidos estacionales que se registran de manera usual en diciembre se han presentado al menos desde hace 20 años.

Afirmó que los recortes a final de año no corresponden a la subcontratación sino a la dinámica económica. Sin explicar los niveles de prestaciones promedio de los trabajadores bajo outsourcing en comparación con el resto, adujeron que todos los empleados subcontratados gozan de aguinaldo y derechos conforme a la ley, además de mantener antigüedad laboral.

De acuerdo con un reporte interno sobre los argumentos presentados en el marco de los acercamientos del sector empresarial con el gobierno federal, el CCE expuso que la estacionalidad del empleo formal en México es un “fenómeno histórico”, del cual hay registro al menos desde 1998 y que ocasiona que cada diciembre se pierdan 250 mil empleos formales.

Reconoció que, por ejemplo, en 2019 se crearon 724 mil 287 empleos de enero a noviembre, pero en diciembre se perdieron 382 mil 210, es decir, más de la mitad de los puestos de trabajo generados en el año.

Además, se asegura que “es falso” que dentro de la subcontratación no se paga aguinaldo, pues uno de los requisitos para este modelo es cumplir con lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, pero no explica los cuestionamientos de especialistas quienes han denunciado que el salario real que reciben los trabajadores subcontratados no es reportado en su totalidad ante el IMSS, lo cual afecta el monto de las prestaciones.

Entre los argumentos de este sector también se expone que “la antigüedad en esquemas de subcontratación sí tienen validez”, y se respeta lo establecido por las normas laborales, pero no abunda en la constante movilidad laboral.

A finales de 2019, el gobierno federal anunció acciones contra el outsourcing ilegal, y denunció que hay trabajadores que cambian constantemente de patrón a pesar de seguir laborando físicamente en el mismo sitio, lo cual afecta sus prestaciones, en particular la antigüedad.