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Política
Las primeras 250 mil dosis, para el personal sanitario
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miércoles 09 de diciembre de 2020 , p. 4
El Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 comenzará en los últimos días de la tercera semana de diciembre, cuando se prevé contar con las primeras 250 mil dosis, que serán aplicadas al personal médico directamente vinculado con la atención de pacientes. De acuerdo con el calendario, en febrero se vacunará a la población abierta, primero a personas mayores de 60 años, y se proyecta una meta de inmunización paulatina de 75 por ciento de mexicanos y se estima concluir en marzo de 2022.
Tras destacar que el plan es una política de Estado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que en una primera instancia, la distribución de las 250 mil dosis estará a cargo del Ejército y la Marina por los requerimientos logísticos de ultracongelación que del producto de Pfizer. Esta operación se realizará en dos centros: Ciudad de México y Coahuila, aunque se estudia ampliarlo a cuatro para abarcar varias regiones, dado que por las particularidades de la vacuna se requiere trasladar a los centros a quienes la recibirán.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay problemas financieros para la adquisición, pues se cuenta con 20 mil millones de pesos en diciembre. El acceso será universal y gratuito para toda la población, aunque reconoció la necesidad de que la prioridad sea aplicarla al personal de salud y las personas mayores. Adelantó que definirán la logística para el traslado del producto que garantice su llegada hasta las comunidades más apartadas, pues requiere de bajas temperaturas.
–¿Usted, cuando se va a vacunar?
–Voy a esperar a (el tiempo) que me corresponda.
Al referirse al acceso inicial que México tiene a tres proyectos (Pfizer, AstraZeneca y CanSino), el secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que “el gobierno de México garantiza que la vacuna que se aplique cumpla con las pruebas y características necesarias para proteger la vida y la seguridad de las personas”. En su distribución es necesario cuidar la logística, pues es un producto que debe estar a una temperatura de menos 70 grados y descongelarse paulatinamente máximo en seis días, que es lo óptimo para su aplicación.
El calendario de aplicación será: etapa 1, entre diciembre y febrero, personal médico de la primera línea de atención; etapa 2, febrero-abril, personas mayores de 60 años, aunque el orden será primero mayores de 80, después los de 70 y los de 60 años; etapa 3, abril-mayo, población entre 50 a 59 años; etapa 4, mayo-junio, población entre 40 y 49 años; etapa 5; junio 2021 a marzo 2022, resto de la población. “La priorización tendrá un papel crucial” en el tránsito entre la vacunación y la disminución de la pandemia.
López-Gatell señaló que si bien el acceso a la vacuna será universal, el plan tomará en cuenta las condiciones sociales: “en México tenemos desigualdad social y económica (...)”, hay algunas condiciones biológicas, como la edad o enfermedades crónicas, que se considerarán, pero también “hay condiciones sociales importantes, porque no todo mundo tiene el mismo riesgo de infectarse, el mismo riesgo de enfermar, pero tampoco el mismo riesgo de complicarse y la misma capacidad de resolver su problema de salud cuando tiene diferencias sociales importantes”.
Explicó que la verificación técnica del proyecto de Pfizer se realizará la próxima semana, una vez que la Agencia de Regulación estadunidense (FDA por sus siglas en inglés) avale, este jueves, su aplicación a partir de sus características técnicas. Mencionó que la FDA y la agencia de la Unión Europea son las más reconocidas y sus conclusiones agilizan procesos en el mundo.
Un día después, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios y el grupo de especialistas con el que cuenta revisarán las características técnicas para autorizar la aplicación del producto de Pfizer.
En la definición del plan participaron ex funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud, un grupo asesor de especialistas mexicanos y expertos en derecho, sociología y derechos humanos, así como economistas del Instituto Nacional de Salud Pública.