La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano que se circunscribe en la Organización de Estados Americanos, se comprometió a defender los derechos de las víctimas de abuso sexual perpetradas por instituciones religiosas en América Latina y colaborar con organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas de la pederastia clerical. El 3 de diciembre pasado, en una audiencia calificada de histórica, se expusieron casos y testimonios de las víctimas por parte de organizaciones de la sociedad civil.
Calificado de hito, la CIDH se propuso intervenir para defender los derechos humanos de las víctimas de abuso sexual de religiosos. La comisión comenzará a pronunciarse sobre los casos de delitos que involucran a curas y religiosos perpetrados en casi todos los países de la región, que lamentablemente son protegidos por los gobiernos y por las propias instituciones religiosas. ¿Qué es la CIDH? En su página web puede leerse que es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio. Tiene su sede en Washington, DC, y fue creada por la OEA en 1959, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada en 1979, una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos. La CIDH monitorea los derechos humanos en el contexto de la protección de las garantías de toda persona bajo la jurisdicción de los estados americanos y da atención particular a las poblaciones, comunidades y grupos históricamente sometidos a discriminación. En otras palabras, tiene la función de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en dicha materia. ¿En qué consiste la importancia de que la CIDH haya abordado la pederastia clerical? En colocar la pederastia clerical en la agenda de los derechos humanos. La CIDH se compromete a cuestionar la responsabilidad que tienen los gobiernos latinoamericanos en el encubrimiento de los causantes de los abusos y las violaciones, y en la falta de justicia hacia las víctimas, algo que va contra los derechos de los niños y adolescentes. La agencia Afp cita a Flávia Piovesan, vicepresidenta de la CIDH, durante la audiencia pública: “Nuestro compromiso más firme y absoluto de que estamos en esta causa”, mientras la relatora de los derechos de los menores, Esmeralda Arosemena, hizo hincapié en que la comisión hará uso de todas las herramientas para “pedir información [sobre la] impunidad de los casos que no están resueltos”.
La cuestión es relevante, pues en casi todos los países latinoamericanos, de mayoría católica, la Iglesia tiene un trato preferencial y de privilegios que ha facilitado impunidad a los clérigos depredadores. En los diversos casos presentados, los gobiernos han sido omisos, evasivos o prefieren sacrificar a las víctimas para mantener excelentes relaciones con las poderosas Iglesias católicas en el continente. Los relatores de la CIDH reconocen un Estado deficiente que ha incumplido la administración de justicia y protección hacia las víctimas. Esta actitud ha provocado: a) que los niños queden en un estado de indefensión; b) un encubrimiento sistémico que protege a la Iglesia católica; c) impunidad a los religiosos pederastas, y d) ausencia de medidas de reparación. La violencia sexual de clérigos no se presenta en algún país de la región, sino, que está generalizada en todos los países del continente.
En México al trato privilegiado del Estado a la Iglesia católica se llama fuero religioso. Nos referimos al trato discrecional hacia las instituciones religiosas. Históricamente han existido relaciones de privilegio y prerrogativas especiales que los gobiernos otorgan al clero y a la Iglesia. Es una herencia jurídica de la Colonia que los regímenes liberales abolieron, pero hoy en la práctica, en el ámbito de las reglas no escritas, ha perdurado un trato ventajoso que ha propiciado la impunidad clerical. Este fuero religioso se observa también en América Latina, donde es evidente la inmunidad que las autoridades otorgan a las Iglesias. Es un trato obsequioso que pasa por la justicia civil, la exención en materia de impuestos y regalías sociales a lo largo de todo el siglo XX. ¿En México estamos preparados para poner fin al fuero eclesiástico? Lamentablemente no, en el país se otorgan preferencias, dispensas y la gracia religiosa ante la justicia. Esta prebenda debería erradicarse.
Por ello irritan expresiones como “la ropa sucia se lava en casa” –en torno a la pederastia clerical, formulada en 2002 por el entonces obispo de Xalapa, Sergio Obeso– que refleja la preponderancia de las leyes religiosas sobre las leyes del Estado y las normas de la sociedad. Otro ejemplo lo encontramos en las acciones y declaraciones del cardenal Norberto Rivera para defender y encubrir a su mentor Marcial Maciel a finales de los años 90. Es una vergüenza que grandes depredadores clericales en México, como Nicolás Aguilar, Eduardo Córdova y Marcial Maciel, no hayan enfrentado la justicia secular, como debían, respondiendo por cientos de crímenes cometidos contra menores.
La importancia de la intervención de la CIDH es vital. La violación de un menor es equiparable a la tortura, por las secuelas traumáticas que quedan. La CIDH podrá no sólo atraer casos, sino cuestionar los protocolos de la impunidad y el rol anómalo de los gobiernos; cuestionar procesos judiciales amañados e indolentes. Asimismo, señalar efectos colaterales, como el hostigamiento a familiares y defensores de las víctimas. Igualmente, la persecución a periodistas que se atreven a denunciar abusos. Sin duda, es una buena noticia.
