El lunes 31 de agosto pasado, un grupo de mujeres se plantó durante dos horas delante del palacio de gobierno del estado de Morelos para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Iban de blanco, con rebozos rojos que llevaban inscritos, adelante, las palabras “Verdad” y “Justicia”, y bordadas atrás las fotos de sus hijas e hijos desaparecidos.

De esas fechas para acá, esas 15 madres se presentan allí mismo, cada lunes. Ya llevan 15 plantones sin que las atiendan las autoridades. El gobernador y ex futbolista Cuauhtémoc Blanco no se ha dignado a bajar de su oficina a platicar con ellas ni una sola vez, como tampoco lo ha hecho el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda. Ambos se hacen de la vista gorda. No así los guardias de palacio, que les toman fotos y anotan sus nombres “para su registro”.

Las señoras hacen entonces su pequeño acto de protesta. Recuerdan a la concurrencia el porqué de sus reclamos, y dan a conocer los “avances” (o, mejor dicho, la falta de avances) de la investigación que las concierne. Escuchan las palabras de algún invitado solidario y luego se retiran a continuar sus labores y a buscar a sus desaparecidos.

¿Qué protestan estas mujeres? ¿Por qué están allí, semana a semana? La causa se resume en un topónimo: Jojutla.

Repaso brevemente los hechos.

En marzo de 2017 se encontraron restos de 85 personas desaparecidas, inhumadas de forma ilegal, en una fosa común perteneciente a la fiscalía del estado de Morelos, en el cementerio municipal de Jojutla. Cuando digo que las inhumaciones eran ilegales me refiero a varias cosas. La gran mayoría de las personas enterradas en Jojutla fueron asesinadas. Muchas llevaban señales de tortura. Sin embargo, fueron enterradas sin haber pasado el procedimiento forense reglamentario.

Así, casi todas las víctimas fueron enterradas en bolsas negras de basura. La excepción fue de siete cadáveres que sí venían en unas bolsas blancas que son especiales para cadáveres, y que además también fueron sometidos a la necropsia reglamentaria. Pero esos siete también estaban irregulares, porque venían en bolsas pertenecientes a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), que es federal, y que en principio tampoco tenía por qué enterrar cadáveres en una fosa común de la fiscalía del estado de Morelos. Por otra parte, la mayoría de los cuerpos se enterraron sin la necropsia de ley y los que sí traían necropsia fueron inhumados de manera totalmente irregular, con su ropa, por ejemplo, cosa que, si en México se investigara el crimen, debería haber sido preservada como evidencia. Muchos cuerpos venían con tiro de gracia y atados de pies o de manos, algunos con cinta canela en la boca o cordón alrededor de los ojos.

Los hallazgos de Jojutla –que son todavía parciales, porque hay dos fosas de la fiscalía que no han sido excavadas aún– existieron gracias a referencias por un caso previo, el de Tetelcingo (municipio de Cuautla), donde se encontraron 119 cuerpos en otra fosa de la fiscalía de Morelos, con las mismas características de ilegalidad y violencia que la de Jojutla.

En estos crímenes sí que podemos clamar sin titubeos que “fue el Estado”: las fosas le pertenecen a la fiscalía de Morelos. Aun así, no parece haber habido una averiguación judicial que deslindara las responsabilidades criminales del caso. De hecho, no sabemos ni siquiera qué pasó allí: ¿De dónde salieron todas esas víctimas? ¿Quién las mató? ¿Hubo colusión entre las autoridades de la fiscalía y el crimen organizado? ¿Cuáles fueron los motivos de la fiscalía para querer desechar las evidencias que dejaron estos asesinatos? ¿Por qué la agencia federal Seido enterró cuerpos en una fosa de la fiscalía de Morelos? Son algunos ejemplos de las muchas preguntas que tienen los familiares de los desaparecidos.

Y hay, además, todavía otro asunto, que es el que más preocupa a las madres que se plantan cada lunes frente a palacio: 45 meses no le han alcanzado al gobierno para entregar los resultados del análisis de ADN de las víctimas de Jojutla. Esos datos tendrían que integrarse a la base de datos nacional Codice, para con ellos identificar a las víctimas y, como dicen las madres, “regresarlas a casa”.

Cuatro instituciones tomaron muestras de los cuerpos hallados en Jojutla: la FGR, la fiscalía de Morelos –que, a pesar de ser parte presunta del delito de desaparición forzada en el caso, ha quedado encargada de la investigación–, la Guardia Nacional y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hace tres años se acordó que estas cuatro instituciones tomarían muestras de cada cuerpo, para luego empatar los resultados de sus análisis. Si coincidían los resultados de al menos tres de esas instituciones, se subirían los datos a la base Codice.

Es la fecha en que no se entregan estos resultados. Por eso las madres de los desaparecidos protestan cada lunes. Piden verdad y justicia.