Ciudad de México. Debido a la contingencia sanitaria del Covid-19, un juez federal aplazó la audiencia de Ramón Sosamontes Herreramoro, quien fuera uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles Berlanga al desempeñarse como jefe de oficina de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de 2012 a 2018, programada esta semana y en la cual se definirá si otorga medidas cautelares para evitar cualquier orden de aprehensión.

El Juzgado Séptimo de Distrito de amparo en Materia Penal en Ciudad de México, difirió la diligencia para el próximo 14 de diciembre a las 10:30 de la mañana, sin embargo, señaló que tanto los abogados del ex funcionario como autoridades judiciales podrán presentar pruebas y alegatos por escrito de manera electrónica sin que sea indispensable su presencia ante dicha autoridad en aras de evitar la propagación y/o riesgo de contagio del coronavirus.

En noviembre, Sosamontes obtuvo una suspensión que le permite no ser detenido en tanto no exista una acusación tipificada como grave (delincuencia organizada), relacionada con la llamada estafa maestra, en tanto se define si el juez le concede la suspensión definitiva.

También lo protege de la indagatoria donde se acusa a la ex secretaria de Estado de dirigir una presunta red de corrupción con otros de sus colaboradores, asunto relacionado con el desvío de más de 77 millones de pesos y en el que está pendiente la detención del ex rector de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez.

Además, promovió el juicio de amparo contra el "Titular de la Agencia de Investigación Criminal y/o Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal”.

En ese entonces, el impartidor de justicia le concedió la suspensión provisional contra una eventual orden de aprehensión, reaprehensión, citación o comparecencia que pueda librar el juez administrador del centro de justicia penal federal con sede en el Reclusorio Sur.

El caso tiene que ver con el desvío de 5 mil millones de pesos durante la gestión de Robles Berlanga, cuando estuvo al frente de ambas dependencias.

La medida cautelar no impide a la Fiscalía General de la República (FGR) detenerlo en caso de que el mandamiento judicial sea librado por una autoridad judicial o administrativa distinta, si lo sorprenden en la comisión de flagrante delito; con motivo de caso urgente, cuando se trate de delito que contemple prisión preventiva oficiosa y ante el riesgo fundado de que se pueda sustraer a la acción de la justicia o si es sorprendido infringiendo reglamentos de observancia general.