Mexicali, BC. Organismos de la sociedad civil exigieron al Congreso de Baja California considerar en el Presupuesto de Egresos 2021 del Poder Judicial del Estado, la instrumentación del Tribunal Electrónico en los juzgados civiles y familiares de toda la entidad.

El Poder Judicial debe ser un aliado de la tecnología y, por lo tanto, debe implementarse la consulta remota de los expedientes, las audiencias virtuales y las notificaciones digitales, entre otras, señalan en un documento, los presidentes del grupo Unidos por Tijuana, Álvaro Montaño, y del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Tijuana, Ramón Rodríguez García.

Advirtieron que la pandemia demostró que la impartición de justicia debe modernizarse para evitar que se suspenda y se cierren los juzgados, toda vez que se trata de una actividad esencial que garantiza y brinda estabilidad social.

Nuestra Constitución, señalaron, "indica que la justicia debe ser pronta y expedita, lo que fue imposible desde mediados de marzo, ya que se cerraron los juzgados durante varios meses y cuando se reabrieron, en septiembre, han estado a medio vapor, además de las largas filas para poder entrar a consultar un simple acuerdo".

Añadieron que no se fijan fechas de audiencia, lo que es muy grave porque los juicios no pueden avanzar y es imposible dictar sentencias sin agotar todas las etapas del proceso.

Tras explicar que en 2020 el presupuesto del Poder Judicial fue de mil millones de pesos, dentro del cual no estaba prevista la modernización de los tribunales hacia la era digital, coincidieron en señalar que es una necesidad incorporar la tecnología en la impartición de justicia.

"Solicitamos, más bien exigimos, que el presupuesto para el 2021 sea mayor al del año pasado y que incluya la adquisición de los equipos tecnológicos", expresaron Montaño y Rodríguez García, quien estimó que se requieren un presupuesto de mil 500 millones para operar y adquirir esta tecnología.

De lo contrario, la justicia en Baja California continuará rezagada, sobre todo en los campos civil y familiar.

Para Álvaro Montaño es difícil creer que en Baja California Sur, Chihuahua y Oaxaca el sistema de justicia sea más moderno que el de Baja California.