Durango, Dgo. La sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) declaró nula la autorización de la manifestación de impacto ambiental (MIA) que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó en 2018 a la empresa Chemours Laguna para su instalación y la producción de cianuro de sodio.

Gustavo Lozano, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, señaló que si bien la empresa puede volver a solicitar el estudio, “con todos los datos reales”, lo hará ante nuevas autoridades.

Chemours pretende instalar una planta que produciría 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año.

En conferencia de prensa con el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, Gustavo Lozano consideró que el TFJA dio “una clara respuesta” a las irregularidades señaladas por los habitantes de las comunidades afectadas.

Una nueva petición de Chemours para un estudio de impacto ambiental deberá tomar en cuenta a las 22 comunidades que están a siete kilómetros a la redonda de la planta y que no fueron consideradas en el análisis anterior.

Recordó que Chemours buscó instalarse en Salamanca, Guanajuato, y cuando vio que el proyecto era técnicamente inviable se fue a San Luis de la Paz, en el mismo estado, pero en 2017 le negaron el permiso. Mientras esperaban la autorización, ya estaban iniciando trámites para instalarse en Gómez Palacio, Durango.

En el estudio de impacto ambiental que la Semarnat emitió en 2018 para aprobar la instalación de la planta en Gómez Palacio se especificaba que no había comunidades en siete kilómetros a la redonda, cuando hay al menos 22, incluidas varias a un kilómetro, entre ellas el poblado de Dinamita.

En marzo de 2018 el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio y la Red Mexicana de Afectados por la Minería empezaron a interponer amparos contra el proyecto, a raíz de las irregularidades en la elaboración de la MIA.

Julio Martínez Cabrera, habitante de la comunidad de Dinamita e integrante del Frente Unido de Pueblos, dijo que el cianuro de sodio puede causar daños irreversibles a la salud y al medio ambiente y que existe el riesgo de que se contamine el agua de todas las comunidades en la región.

La diócesis de Saltillo, Coahuila, colindante con Durango, y el obispo Raúl Vera López manifestaron en redes sociales su agradecimiento a la lucha que encabezaron las comunidades de Gómez Palacio y felicitó a las organizaciones que, dijo, revelaron las “trampas” en que incurrió Chemours.