Parece que la sempiternamente chantajista cúpula empresarial dobló a la 4-T, porque no sólo amenazó con “pérdida masiva de empleos” si hay cambios en la ley, sino que consiguió que la iniciativa presidencial sobre outsourcing se debatiera no en el Congreso, donde corresponde, sino en una “mesa de negociación” a modo entre el gobierno y los barones. Además, rindió frutos su estrategia de retrasar y retrasar los acuerdos, con miras a que el periodo ordinario de sesiones en el Poder Legislativo llegara a su fin, ganar tiempo, cabildear a gusto con los diputados y evitar cualquier posibilidad de modificar ya la legislación vigente; y de pilón “coló” a las “negociaciones” su intención de reducir a la mitad la participación de los trabajadores en las utilidades.

De entrada, quien encabeza el equipo “negociador” del gobierno mexicano, Luisa María Alcalde (y su sombra, El Padrino, o al revés), parece no estar muy interesada en alcanzar acuerdos que privilegien la iniciativa presidencial, y se muestra “comprensiva” ante las posiciones patronales, especialmente aquellas que tienden a postergar los compromisos, toda vez que la intención de Andrés Manuel es (era, por lo visto) que su proyecto fuera avalado por el Congreso para que el primero de enero de 2021 la nueva ley entrara en vigor.

Largas y más largas de la patronal, con una sonrisa de la gubernamental, han generado “acuerdos” que dejan a la iniciativa presidencial para un “mejor momento” (que ni lejanamente correspondería a la del cronograma original de López Obrador), mientras a los outsourceros y sus representantes en la “mesa de negociación” se les da tiempo más que suficiente para cabildear, hacer corte y confección, y dejar la “nueva” ley a su gusto y conveniencia.

Ante este panorama, ya se habla de que sería hasta febrero del próximo año cuando comenzaría en el Congreso el análisis y discusión de la iniciativa presidencial, pero no sobre la base de López Obrador, sino la de la cúpula empresarial y sus outsourceros. Todo, con la venia de la Secretaría del Trabajo, aunque ello debilite la imagen del gobierno de la 4-T, pues habría cedido a las presiones y chantajes de la patronal.

En materia de outsourcing, la cúpula empresarial nunca ha querido negociar ni una coma de la ley que les regaló Felipe Calderón en septiembre de 2012, poco antes de dejar Los Pinos. El presidente López Obrador no tenía por qué instalar una “mesa de negociación” con la patronal para ver de qué manera se consensuaban los cambios por él propuestos en dicha materia, pero lo hizo y al nombrar al equipo “negociador” sumó otro error.

Es probable que hoy se den a conocer los “avances” en dicha mesa, pero no hay que esperar mayor cosa, dado el boicot a la iniciativa presidencial desde el propio gabinete. Tal vez entre ellos se mencione la “recuperación” del empleo… por outsourcing. Es necesario recordar que en la reforma a la Ley Federal del Trabajo de abril de 2019 no se incluyó la regularización, control y/o prohibición de la subcontratación o tercerización, es decir, desde entonces el gobierno pudo hacer los cambios que ahora se “analizan” en la “mesa de negociación”. Lo dejó para “después”, y ahora para “mucho después”.

Ya es diciembre, mes de la tradicional cancelación masiva de puestos de trabajo, una práctica que no se impedirá con simples “invitaciones” a las empresas para que “dejen de desarrollar prácticas perjudiciales para los trabajadores”. Hay que esperar la estadística del IMSS para corroborar la importancia que los empresarios dan a los “exhortos” gubernamentales.

Las rebanadas del pastel

En el caso de la huelga en Notimex es más que notoria la parcialidad de la Secretaría del Trabajo y la Junta de Conciliación y Arbitraje (en vacaciones desde el viernes pasado) hacia el sindicato respectivo, asesorado por el papá de Luisa María Alcalde. Ayer, en horas de la madrugada, la dirección de la agencia informativa del Estado fue notificada de un “juicio de imputabilidad” (hecho al vapor) promovido por la agrupación sindical, es decir, un recurso tradicionalmente utilizado por los patrones que, en caso de no solucionarse el conflicto, deja en manos de la propia Secretaría del Trabajo decidir a quién le asiste la razón (adivinen quién será el favorecido). En casos normales, tal juicio puede prolongarse hasta tres años, pero en el de Notimex pretenden “resolverlo” en dos semanas (el próximo 22 de diciembre). ¿Casualidades? No: abierto conflicto de intereses, mientras en Palacio Nacional voltean a otra parte.